"Han cambiado las circunstancias del contexto social y político de manera tal que se puede pensar en la posibilidad de aplicar medidas cautelares menos costosas pero igualmente efectivas para garantizar su sujeción al procedimiento y / o impedir cualquier clase de (presunta) reiteración delictiva". Así empieza el recurso que han presentado Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez a la Sala Segunda del Tribunal Supremo pidiendo de nuevo salir de la prisión. Lo anunciaron todos los abogados el viernes, en una rueda de prensa conjunta, y a partir de hoy se empiezan a presentar los recursos después de que el tribunal alemán haya concluido que no existe el delito de rebelión para Carles Puigdemont.

Como alternativa, el abogado, Jordi Pina, plantea el arresto domiciliario con control telemático o policial, retirada del pasaporte, comparecencias periódicas o una fianza. "Están dispuestos, incluso, a ofrecer como fianza la totalidad de su patrimonio para dejar bien claro que su propósito es para permanecer en el territorio español y afrontar el próximo juicio".

Pina niega que exista el riesgo de huida y de reiteración delictiva, que es lo que hace que Pablo Llarena los mantenga en prisión preventiva, y defiende que no tiene ningún tipo de sentido que los que acudieron a la citación judicial estén privados de derechos fundamentales: "El hecho de que otros procesados puedan no estar a disposición de los tribunales españoles nunca tendría que ser razón para empeorar la condición de los que, pudiendo perfectamente haber huido, decidieron en su momento acudir al llamamiento judicial, ya que 'sancionar' a unos procesados por lo que hayan hecho otros es radicalmente contrario al principio de culpabilidad".

Pina vuelve a poner de relieve en el texto que los procesados son "padres de familia y progenitores de hijos menores o jóvenes", remarca que todos ellos tienen padres de "avanzada edad, algunos de los cuales ni tan sólo han podido desplazarse al centro penitenciario" y recuerda que los procesados llevan entre 6 y 9 meses en la prisión.

El recurso cita directamente el caso de Carles Puigdemont: "Llama poderosamente la atención ―y debería mover a la reflexión al Tribunal Supremo de España sobre su sensibilidad garantista― que los tribunales de países como Alemania, el Reino Unido o Bélgica estén dejando en libertad a personas pendientes de extradición a pesar de su escaso arraigo en aquellos países y que, en cambio, aquí se encarcele preventivamente durante tantos meses a personas todavía inocentes aunque han acudido al llamamiento judicial y tienen pleno arraigo familiar".

Remarca que Llarena no puede obviar la "normalización política que se está viviendo actualmente en Catalunya" y replica directamente un auto del juez en que decía "expresamente que la finalidad de tal medida ―la prisión preventiva― era garantizar el acertado retorno de Catalunya al autogobierno" y señala que la puesta en libertad de los procesados "contribuirá, sin duda, a rebajar esta tensión social y a facilitar la búsqueda de soluciones políticas a unos problemas el trasfondo es esencialmente político y no judicial".

"La actual situación de prisión provisional de varios diputados no contribuye, sino todo lo contrario, a resolver la compleja situación política que se vive en Catalunya y que, por el contrario, su encarcelamiento es un factor que genera evidente tensión social", concluye el texto. Y da un toque de alerta al tribunal avisando de que las defensas tienen "buenas perspectivas" para la estrategia de defensa "que se avistan a partir de las resoluciones de otros países europeos".

A lo largo de esta semana, el resto de procesados, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn y Jordi Cuixart, también harán su petición de libertad tal como anunciaron el viernes sus abogados.