La magistrada de la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que investiga los preparativos del 1-O ha citado como imputado el exsecretario de Hacienda y diputado de ERC en el Parlament Lluís Salvadó por su presunto papel en la creación de la Hacienda catalana.

Salvadó, uno de los cargos que fue detenido por la Guardia Civil en la operación del 20-S contra la organización del referéndum, ha sido llamado a declarar el próximo 19 de noviembre como presunto autor de los delitos de malversación, revelación de secretos y desobediencia grave por su supuesta participación en la creación de una Hacienda catalana.

 

En un acto, la magistrada se considera competente para investigar a Salvadó, a requerimiento de la jueza de instrucción 13 de Barcelona, y lo imputa al considerar que existen indicios que "trabajó al menos desde principios del año 2016 de forma intensa en el diseño de las llamadas estructuras del Estado", sabiendo su carácter inconstitucional.

Aunque Salvadó fue arrestado el 20-S del 2017 por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, las elecciones catalanas del 21-D lo convirtieron en aforado. Desde entonces, su situación legal había quedado en un limbo y en el auto de procesamiento tampoco quedaba clara. La magistrada de Instrucción 13 envió al TSJC una exposición razonada para investigar Salvadó, cosa que ahora el alto tribunal catalán ha aceptado.

En un lápiz de memoria encontrado el 20-S se encontró un documento con una "hoja de ruta-recaudación octubre 2017" y un gráfico con la cronología que la Secretaría de Hacienda tenía que seguir antes del 1-O y que coincidían con anotaciones en la famosa 'agenda Moleskine' de Josep Maria Jové. Salvadó también habría preparado normativa administrativa de rango diverso y diferentes informes, conocía los envíos de tarjetas censales a ciudadanos para el 1-O, y en un documento se le encargaba la coordinación de escenarios posteriores al referéndum.

Además, le atribuye haber gastado unos 260.000 euros en el programa informático e-Spriu para asumir la recaudación y gestión de impuestos estatales no cedidos, como el IVA, el IRPF, Impuesto de Sociedades e impuestos especiales. En concreto, se pagaron 241.383 a IBM para poner en marcha el proyecto y después 16.162 para desactivarlo con motivo de la aplicación del artículo 155.