Más tiempo. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha informado hoy de que ha revocado la resolución del 14 de marzo pasado, en la cual cerraba la investigación contra la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, y tres personas más por el caso de los contratos fraccionados, cuando era directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC). En la resolución, el magistrado instructor, Jordi Seguí, da parcialmente la razón a la defensa de la presidenta, ejercida por el penalista Gonzalo Boye, que se le ha vulnerado el derecho de defensa, ya que no ha tenido acceso a toda la información (de forma digital) antes de cerrarse la instrucción. La fiscalía también pidió más tiempo al juez para poder examinar la documentación que había contra dos acusados en el juzgado de instrucción 9 de Barcelona, y que se han acumulado a la causa central. El juez, pero niega que se le haya hecho "un juicio paralelo", ya que en la resolución de marzo expresa "indicios" de la investigación, que se tendrán que probar en el juicio. El juez también invita Borràs a pedir declarar en el tribunal, como se queja de que no lo ha podido hacer, aunque le recuerda que en el Supremo se negó. Ahora, todas las partes tienen quince días para examinar los 9 tomos y, si procede, pedir nueva prueba. El juez después tendrá que dictar una nueva resolución de procesamiento, y finalmente una resolución de apertura de juicio oral.

En la resolución del marzo pasado, el juez del TSJC afirmaba que Borràs "abusó de su cargo" y que hay indicios para juzgar a los cuatro acusados por el delito continuado de prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y delito continuado de malversación de caudales públicos. El total de los fondos malversados se sitúan en unos 309.000 euros. Boye, el abogado de la presidenta, se ha quejado en Twitter: "Los medios de comunicación informan de que el TSJC nos ha estimado parcialmente el recurso que presentamos contra la resolución de transformación a P.A de @Laura Borràs donde alegábamos el filtrado constante de las actuaciones a los medios... también han filtrado este auto."

 

Indicios

En la resolución del marzo pasado, el magistrado instructor del TSJC detalla los dieciocho contratos menores (de 18.000 euros) que Laura Borràs como directora de la Institució Catalana de las Lletres (ICL) aprobó para actualizar la web de la ILC del 2014 al 2017. De este total, concedió seis a Isaías Herrero, cifrados en 112.502 euros. También detalla que Borràs y Herrero se conocían de antes, al haber trabajado los dos en Hermeneia, un grupo de investigación literario. Borràs y Herrero se ayudaron de Andreu P.M., que hizo facturas para Isaías, y de Roger E.P., responsable de gestión administrativa de la ILC, para ejecutar estas actuaciones delictivas, y que también serán juzgados. El magistrado expone que hay correos electrónicos donde Borràs explica a Herrero cómo presentar propuestas de presupuestos, el cual se presenta con su nombre y en otros de encubierto, como a través de la cooperativa Xarxa Integral, que ganó algunos de los concursos y pagó a Herrero unos 22.000 euros.

Declaración

En la resolución de hoy, el juez Seguí expone que ciertamente la directiva europea de 2016 fija que hay que proteger la presunción de inocencia de toda persona investigada, pero que en su resolución no califica a nadie de culpable "sino que se limita a formular un juicio de inculpación formal", como prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con todo, admite que las partes solamente tuvieron siete días para poder examinar los 9 tomos que tenía el juzgado de instrucción 9 de Barcelona sobre los otros dos acusados de ayudar a la confección de facturas, y es poco tiempo para garantizar el derecho de defensa, y por eso ahora ha ampliado el plazo.

Con respecto a la vulneración de defensa expuesta por Borràs porque el TSJC no la ha citado a declarar, el juez le precisa que el Tribunal Supremo la citó en el 2020, porque era aforada en el Congreso de los Diputados, y que ella se acogió a su derecho a no declara porque faltaba un informe. Y el magistrado del TSJC añade que como no hay ninguna novedad, no la citó a declarar, pero que ella puede solicitar esta prueba ahora, porque "es su derecho". La causa, pues, da unos pasos atrás, mientras los grupos de la oposición insisten en que la presidenta del Parlament tiene que dejar su cargo cuando se abra juicio oral contra ella.