El Tribunal Supremo ha exigido 6.000 euros a un abogado próximo a la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) para reconocerle legitimidad como acusación popular y como paso previo a estudiar si admite o no a trámite su querella contra la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Fuentes próximas a la ANC han divulgado que ha iniciado una campaña por recoger dinero de ciudadanos que quieran dar apoyo a la causa del letrado Josep Asensio i Serqueda.
La acusación de la querella es por un delito de prevaricación en relación con la instrucción llevada a cabo por Lamela del sumario abierto por el proceso hacia la declaración unilateral de independencia. Los tres magistrados que han estudiado el asunto, Manuel Marchena, Luciano Varela y Andrés Martínez Arrieta, exigen la fianza como paso previo a estudiar la admisión a trámite de la querella. Una vez superado este paso, el estudio de la admisión o no de la querella requerirá un informe previo del fiscal.
La exigencia de fianza no prejuzga en absoluto una resolución favorable a la admisión. Es decir, no hay una querella admitida a trámite contra Lamela en el Supremo, ni el acto citado supone que tenga que ser así, según explican fuentes del Supremo. "Una cuestión previa que hay que resolver antes de entrar en una decisión de fondo es la relativa a la naturaleza jurídica de la acción ejercitada por el querellante", dice el acto.
Es decir, para que exista esta legitimidad en el querellante en tanto que acción popular el abogado, apoyado por la ANC, tendrá que prestar la fianza citada. La ley establece que así sea, recuerda el tribunal, que también especifica que la cantidad a exigir tendrá que ser proporcionada y equitativa de manera tal que no impida a nadie, en función de su condición económica, el acceso al proceso negando así su derecho a la tutela judicial efectiva". El alto tribunal entiende que los 6.000 euros exigidos encajan en este requisito.