El Tribunal Supremo ha impuesto a Vox una fianza de 12.000 euros antes de estudiar si inicia los trámites de admisión a trámite de la querella que presentó el pasado mes de enero contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la exministra de Justicia Dolores Delgado y los tres abogados del Estado que firmaron el informe sobre el líder de ERC, Oriol Junqueras, después de conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoció su inmunidad como eurodiputado electo mientras cumplía prisión provisional por el procés. La petición se realiza antes incluso de remitir la querella en la Fiscalía para informe.

El partido de Santiago Abascal ve delitos de "prevaricación, obstrucción a la justicia y deslealtad profesional" en la actuación del presidente y Delgado y también en los tres abogados que escribieron sus alegaciones para considerar que lo hicieron "al dictado" de la exministra de Justicia. La querella fue ampliada unos días más tarde, después del nombramiento de Delgado como nueva fiscal general del Estado.

Fuentes del alto tribunal señalan que las fianzas son habituales en el caso de querellas interpuestas por partidos políticos y que desde hace unos dos años fijan en 12.000 euros.

En este caso, para poder ejercer la acción popular, Vox tiene que prestar su fianza en metálico en el plazo de ocho días desde que le sea notificado el auto dado a conocer este martes por el Tribunal Supremo. A su auto, considera que la cantidad de 12.000 euros es adecuada porque satisface las exigencias legales y no impide el ejercicio de la acusación al partido querellante.

Vox presentó su querella delante de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo atendida la condición de aforados de Sánchez y Delgado en entender que en el informe de los abogados Rosa María Seoane, Luis Gonzaga de Toledo y Consuelo Castro Rey, los dos primeros "actuaron de manera deliberada contra las funciones encomendadas a la Abogacía del Estado, torciéndolas a su propio interés como superiores jerárquicos de los mismos".

Añadían que los abogados del Estado trabajaron cumpliendo "las expectativas y mandatos políticos trasladados" por el Gobierno, a través de Delgado, "en la expectativa de una recompensa futura o por temor de un hipotético cese".

En su denuncia, Vox también apuntaba que ERC tuvo conocimiento del escrito de la Abogacía antes de que se hiciera público, por lo cual su grupo parlamentario en el Congreso ya ha solicitado los borradores y las comunicaciones realizadas para la confección del escrito definitivo. Tres días más tarde, cuando se conoció que se nombraría a Delgado como fiscal general, Vox amplió su querella inicial con estos nuevos hechos.