La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que ha pedido que Artur Mas y otros exaltos cargos de la Generalitat devuelvan los cerca de cinco millones de las arcas públicas que cree que se gastaron en el 9-N, está segura que el expresident catalán no quiso nunca desactivar la consulta independentista.

El fiscal jefe del órgano fiscalizador, Miguel Ángel Torres Morato, ha presentado un escrito de demanda contra Mas y otros exaltos cargos, entre ellos los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega y Irene Rigau y el exsecretario general de Presidencia Jordi Vilajoana. A todos ellos los acusa como responsables contables directos en relación con los gastos de la consulta llevada a cabo el 9 de noviembre del 2014.

La demanda destaca que, en ningún momento, estuvo en el ánimo de los demandados desactivar la consulta del 9-N, aunque fue suspendida por el Tribunal Constitucional mediante providencia de 29 de septiembre del 2014. A juicio de la fiscalía, los comportamientos que pueden generar "responsabilidad contable" son una decena de operaciones, una de ellas sufragada incluso con dinero procedente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), en concreto la campaña de publicidad institucional para la consulta.

 


También enumera la fiscalía el registro de una página web institucional, la fabricación del material para ser usado en la votación y el transporte de este a los locales de votación, y la adquisición de ordenadores portátiles para ser utilizados en las mesas de votación.

Además, menciona la ampliación del contrato de seguro para incluir a los voluntarios que participaron en la organización de la consulta; la elaboración del apoyo necesario para celebrar la consulta del 9-N; el envío de información; los gastos del centro de prensa para la cobertura informativa; el contrato menor para el diseño de la campaña del proceso participativo, y otro contrato menor para la producción de la campaña informativa del proceso participación ciudadana.

Para la fiscalía, la conducta de los demandados se tiene que calificar de "dolosa contablemente", o, al menos, gravemente imprudente, y por eso solicita que se cifren en 4.995.918,34 euros los perjuicios ocasionados a los caudales públicos, en concepto de principal, y que sean declarados responsables contables directos y solidarios.