De momento, a la espera de noticias del Tribunal de Cuentas. Esta medianoche ha finalizado el plazo para depositar los 5,4 millones de euros de fianzas que se reclaman a 34 altos cargos independentistas por la acción exterior de la Generalitat. Aunque algún medio ya ha publicado que se ha ordenado el embargo de bienes, desde la institución lo desmienten. De momento, el órgano fiscalizador está certificando las cuatro fianzas personales que ha recibido y, cuando llegue el momento, estudiará si admite o no el decreto del conseller Jaume Giró, cubierto con un aval del Institut Català de Finances (ICF), aprobado este miércoles por la noche. El mismo Giró ha pedido una prórroga justamente para que el ICF lo avale.
Fuentes del Tribunal de Cuentas aclaran dos extremos. En primer lugar, que "no se ha iniciado ninguna providencia de embargo". En segundo lugar, que la admisión o no del aval del fondo de la Generalitat "se dirimirá cuando proceda". En este punto, estas mismas fuentes señalan que no especularán u opinarán sobre el decreto del conseller Giró. Cuando haya información, la transmitirán.
En estos momentos, la delegada instructora de la causa, Esperanza García Moreno, está certificando las fianzas que han llegado. Según informan, sin revelar nombres, dos presuntos responsables han depositado las fianzas que les correspondían y dos más han presentado bienes inmuebles como aval.
De todos modos, desde el órgano explican que, aunque se dicte una providencia de embargo, "no significa que no admita fianzas o depósitos" a posteriori. En este caso, la delegada instructora los estudiaría y podría aceptarlos y no acepta el embargo. Por lo tanto, aunque fuera de plazo, los encausados podrían intentar cubrir las fianzas con el fondo de la Generalitat.
La Moncloa, a la espera del CGE
Desde La Moncloa siguen chutando la pelota hacia adelante, sin tomar ninguna decisión sobre un hipotético recurso al Tribunal Constitucional contra el decreto del conseller Jaume Giró. El líder del PSC, Salvador Illa, ya avaló la legalidad del fondo. Y ahora el Gobierno está a la expectativa del Consejo de Garantías Estatutarias.
En una entrevista este jueves en Onda Cero, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se ha limitado a decir que su ejecutivo "esperará" lo que concluya el Consell de Garanties Estatutàries (CGE), ante el cual el PSC presentó una solicitud de dictamen. En función de sus conclusiones, La Moncloa decidirá si interpone o no un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del Departament de Economia.
La también ministra de Política Territorial ha remarcado que el Tribunal de Cuentas "está haciendo su trabajo" y que tendrá que haber un "cumplimiento estricto de la ley". Puede haber dudas, y por eso ha explicado que "el PSC ha interpuesto una petición de informe al Consejo de Garantías Estatutarias, y esperaremos a ver cómo se pronuncia para ver el anclaje de esta disposición".