El Tribunal de Cuentas ya ha activado las diligencias para establecer la responsabilidad contable por el referéndum del 1 de octubre. Unos días después de que este tribunal designara al delegado instructor de la demanda contra Carles Puigdemont y otros 18 ex altos cargos de la Generalitat por la desviación de fondos públicos para la organización del referéndum, el organismo ya se ha dirigido al tribunal del Supremo que juzga a los líderes independentistas con la intención de pedir datos respecto de los gastos efectuados para la celebración del referéndum, según asegura El Confidencial.

La instructora Esperanza García, que firma la solicitud de datos, considera clave la información que consta en el procedimiento que juzga a los presos políticos. Además, apunta el citado medio, la instructora ha pedido los datos en "la mayor brevedad posible" y el Supremo ya ha acordado que facilitará la información solicitada.

La presunta responsabilidad contable afectaría, además del president Puigdemont, a los miembros del Govern en el momento de la declaración unilateral de independencia, entre ellos el vicepresidente Oriol Junqueras, y también los que dimitieron en julio de 2017, así como a la interventora de la Generalitat Rosa Vidal.

El Tribunal de Cuentas ya está estudiando la cantidad que pedirá por la supuesta desviación de fondos públicos con el objetivo de recuperar el dinero que consideran que se ha malversado. Todo apunta a que el procedimiento derivará en embargos millonarios a los afectados.

Ahora el tribunal empieza a recopilar toda la documentación para determinar con exactitud los fondos desviados para el referéndum ilegal. Una vez eleve el acta de liquidación provisional de los bienes defraudados, el Tribunal de Cuentas iniciará los trámites para embargar las correspondientes fianzas por estas cantidades, antes de empezar el juicio propiamente dicho contra los investigados.

El mes de diciembre pasado, el Tribunal de Cuentas admitió a trámite la demanda de la Fiscalía contra 19 ex altos cargos de la Generalitat, con Carles Puigdemont al frente, por la desviación millonaria de fondos públicos para la organización del 1-O.