Ya es oficial. El Tribunal Constitucional ha suspendido por unanimidad las partidas del referéndum de los presupuestos admitiendo a trámite el recurso que el gobierno español presentó el viernes pasado, motivo por el cual han sido suspendidos automáticamente.

El alto tribunal advierte, también, al president Carles Puigdemont y otros altos cargos del Govern de las posibles responsabilidades penales en caso de incumplimiento de las resoluciones, tal como pedía el ejecutivo estatal.

En concreto, la resolución del Alto Tribunal se notificará personalmente al president de la Generalitat, a todos los consellers del Govern, así como al secretario general del Govern, al secretario general de la Vicepresidència, a la interventora general, a la directora de Contratació Pública y a la directora general de Pressupostos.

A todos ellos, se les advierte de su "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o dictar algún acuerdo de disposición de partidas presupuestarias impugnadas". Es decir, cualquiera que tenga por objetivo financiar "cualquier gasto derivado de la preparación, gestión y celebración del proceso referendario", y se les advierte que no hacerlo podría comportar consecuencias incluso "penales" contra ellos.

¿Qué se ha suspendido?

Las partes impugnadas –y por lo tanto suspendidas son dos: en primer lugar. La partida de 5,8 millones de euros que los presupuestos prevén destinar al referéndum y que están distribuidos en 5 millones de euros en el apartado de procesos electorales y 0,8 millones de euros a procesos participativos.

La segunda es la adicional 40 que, bajo el título "Medidas en materia de organización y gestión el proceso refrendario", engloba las dos enmiendas explícitas sobre el referéndum aprobadas.

El apartado 1 de la adicional 40 establece que "el Govern, dentro de las disponibilidades presupuestarias para el 2017, tiene que habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso refrendario sobre el futuro político de Catalunya". Se trata de la enmienda presentada por la CUP que se aprobó con los votos de JxSí.

El apartado 2 de la adicional 40 aprobado con los votos de JxSí y CSQP dice que "el Govern, dentro de las posibilidades presupuestarias, tiene que garantizar la dotación económica suficiente para hacer frente a las necesidades y los requerimientos que se deriven de la convocatoria del referéndum sobre el futuro político de Catalunya, acordado en el apartado I.1.2 de la Resolución 306/XI del Parlament de Catalunya, con las condiciones establecidas en el dictamen 2/2017, del 2 de marzo, del Consejo de Garantías Estatutarias". Es decir, hace referencia a la apuesta de intentar un referéndum acordado que el Parlament aprobó en el pasado debate de política general.

A la espera de la resolución definitiva

El nuevo presidente del TC, Juan José González Rivas, se ha apresurado a la hora de decidir admitir el recurso del ejecutivo de Mariano Rajoy a trámite. Normalmente, cuando hay un relevo en el Alto Tribunal, los nuevos miembros tienen prácticamente un mes y medio de plazo para ponerse al día de los trabajos pendientes y celebrar un pleno, pero esta vez tendrán que correr para ver si las cuentas contravienen la legalidad y, en caso que sea así, suspender, pues, los presupuestos de los de Puigdemont.

Con esta admisión a trámite, el TC no se pronuncia todavía sobre el fondo de la cuestión. Lo hará en las próximas semanas o meses, aunque las partes impugnadas de la Ley de los presupuestos aprobada en el Parlament quedarán suspendidas mientras no lo haga.

Ahora tiene un periodo de cinco meses para resolver si los presupuestos son inconstitucionales o no, aunque una vez haya pasado este plazo puede prorrogarlo mediante una resolución específica.