Nuevo intento del Tribunal Constitucional para rebajar el uso del catalán. Después de que el martes suspendiera tres preceptos del Código Civil de Catalunya, ahora quiere tomar medidas para acabar con lo que consideran la "imposición" del catalán, una serie de leyes aprobadas por el Parlament entre 2006 y en 2010 que, según su opinión, tienen un denominador común: la obligación de utilizar el catalán en ámbitos como la comunicación audiovisual, el consumo, el cine o la inmigración.

Así lo publica hoy El Español, que asegura que los magistrados del Alto Tribunal están cerrando un acuerdo sobre los recursos interpuestos contra estas leyes que, según el diario citado, la Generalitat "siempre ha considerado todos los temas de la lengua propia como parte dura de la política nacionalista".

Como no podía ser de otra manera, fueron el Gobierno y el PP quienes interpusieron estos seis recursos bajo el argumento que "se obligaba a los funcionarios a atender a los consumidores en catalán". Los seis recursos interpuestos en estos últimos años han sido contra la Ley 22/2005 de comunicación audiovisual, la Ley 10/2010 de acogida de personas inmigradas, la Ley 22/2010 del Código de consumo y, finalmente, la Ley 20/2010 del cine.

Inconstitucional

Hasta ahora, sin embargo, el TC no ha podido avanzar para intentar tumbarlas, pero ahora con el relevo de Francisco Pérez de los Cobos, Juan José Ribas tiene toda la intención de acabar con este estancamiento. Lo hará mediante interpretaciones conformes, es decir, los magistrados decidirán qué interpretación dan a cada ley o cómo se tiene que aplicar para que se mantenga dentro del marco legal.

Entre estas interpretaciones, podría encontrarse una que diferenciara los funcionarios o instituciones públicas de las empresas privadas, a quien no se impondría el deber jurídico de utilizar el catalán y, por lo tanto, no serían sancionados.

Con respecto al uso del catalán a los medios audiovisuales públicos, el Alto Tribunal quiere interpretar la ley de manera tal que "no se excluya el castellano", mientras que considera inconstitucional la "obligación" de las empresas que el 50% de las películas sean en catalán. Y así igual con el aprendizaje lingüístico de los inmigrantes. El Alto Tribunal, pues, intentará por todas las vías acabar con las leyes que, en realidad, están protegiendo el catalán.

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