La suspensión de sueldo de los seis diputados afectados por el auto del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena es una decisión de "carácter técnico" que han adoptado los servicios de la Parlament que no tiene el aval de ERC ni de ningún miembro de la Mesa. Tampoco de JxCat ni de la CUP.
Así lo han explicado fuentes de la presidencia de la cámara a los medios este martes. El entorno del presidente Roger Torrent asegura que no tiene por lo tanto "el aval político de la Mesa" y que la suspensión de sueldo no se ha hecho a partir de ninguna decisión de este órgano. "Es una decisión que han adoptado los servicios de la cámara", aseguran las mismas fuentes, que defienden que "la decisión no cuenta con el aval de ERC ni de ningún miembro de la Mesa".
Torrent defiende ahora buscar fórmulas para preservar los derechos de estos diputados, de acuerdo con su voluntad y con "no poner en riesgo a ningún trabajador de la cámara". Las mismas fuentes apuntan que cualquier decisión que se tome tiene que mantener las mayorías parlamentarias, las actas y resultados "efectivos".
"A partir de ahora trabajaremos con los otros grupos, sobre todo con JxCat, para encontrar las fórmulas necesarias para preservar los derechos de los diputados, siempre de acuerdo con la voluntad de presos políticos y exiliados, para no perjudicarlos," añaden.
La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha revelado esta decisión en rueda de prensa este martes. Artadi ha explicado que el Govern "tiene constancia" de que la Oïdoria de Comptes del Parlament ha decidido que no perciban la retribución desde el día que el auto fue formalmente notificado.