"No pagaré estas multas y, por lo tanto, hará falta que me roben este dinero si les quieren cobrar". El presidente Quim Torra es contundente. Ha recibido ya la notificación de la Junta Electoral para pagar las multas por desobedecer las órdenes de retirada de las pancartas en defensa de los presos políticos pero se muestra firme y dice que no las pagará.
Sueño tres multas que suben 8.500 euros. Son multas impuestas por la desatención de instrucciones, que Torra califica de "completamente irregulares e ilegítimas" por la retirada de las pancartas y símbolos por la libertad de los presos políticos de cualquier edificio de la administración de la Generalitat durante la campaña electoral de marzo de 2019. El mes de marzo, Torra recibió ya la citación para pagar las multas, y en este momento ya dijo que no las pagaría.
"Estas multas ya serían denunciadas en su momento y recurridas —infructuosamente, claro está— en los órganos de justicia correspondientes", dice Torra en un comunicado. "Son multas que forman parte de un proceso represivo de coerción de la libertad de expresión y de persecución del independentismo en Catalunya. Son multas que forman parte del pleito legal que todavía ahora está vivo porque será recurrido al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en Estrasburgo por mi defensa", insiste.
El presidente se planta y reitera: "Yo no pagaré voluntariamente estas multas. Forman parte del saqueo disfrazado de legalidad que hace años, decenios y siglos que el estado español ejecuta en los Países Catalanes. No pagaré estas multas y, por lo tanto, hará falta que me roben este dinero si les quieren cobrar. Estoy dispuesto a ir a la prisión, si hace falta, pero nunca ordenaré ningún pago a la Junta Electoral española, que actúa de manera irregular para perseguir el independentismo y los derechos fundamentales como la libertad de expresión. Tampoco quiero que nadie pague estas multas por mí, ni la Caja de Solidaridad ni nadie. Y aprovecho para agradecer el ofrecimiento que ya se me hizo en su momento".
"El pueblo de Catalunya tiene que reanudar el camino decidido hacia la independencia sin esperar permisos ni diálogos que no llegarán nunca. Es imprescindible que la ciudadanía apoderada del Primero de Octubre recupere la iniciativa y que vuelvan a caminar al mismo ritmo y dirección las instituciones, los partidos, las entidades y la ciudadanía. La represión, la prisión y el exilio no acabarán hasta que la República Catalana no sea una realidad al servicio de la justicia, los derechos civiles, la igualdad y la libertad," concluye.