El director general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales, Ismael Peña-López, quiere que todos los miembros de las mesas electorales y de los locales se hagan una PCR o test de antígenos justo antes de abrir los centros a las ocho de la mañana. En declaraciones en Catalunya Ràdio lo ha avanzado: "Querríamos hacer tests a las personas que tienen que ir a una mesa antes de que se empiece a votar".

Esta mañana hay una reunión con la mesa de partidos donde Peña-López también estará presente. La duda será si se hace una PCR ya que los resultados se tienen 24 horas después.

Por otra parte, también se tendrá que ver cuál alternativa se da si hay un positivo más allá de los suplentes que ya se tienen contabilizados como cualquier proceso electoral.

El Gobierno decidirá el lunes si hacer tests PCR o de antígenos en los miembros. La decisión se tiene que tomar en una reunión con Salud donde también se debatirá sobre los EPI integrales que se tienen que ofrecer para la franja en que se permite el voto de las personas contagiadas.

El 14 de febrero sí o sí

De lo que parece que no tienen dudas es que la fecha no se aplazará: "La fecha es el 14 y todos en tope, trabajamos con una sola fecha". Así de contundente ha sido Peña-López y reitera que el miedo "no es ningún justificante" para no asistir a los derechos y deberes de los ciudadanos que les toque asistir en una mesa. Además, recuerda que el trabajo para garantizar un proceso bien organizado viene de hace un año. A modo de ejemplo, Peña-López explica el caso de la capital catalana: "En Barcelona, se han creado un 40% más espacios para ir a votar que a las últimas elecciones".

El coste en estos momentos sube a los 35 millones de euros para organizar los comicios, donde ya se han añadido las subvenciones a los partidos. Si ahora se celebraran el mes de mayo, se perderían 25 millones, más de la mitad. La respuesta definitiva llegará el próximo 8 de febrero con la última decisión de que tome el TSJC.

El peligro de la baja participación

La decisión de mantener las elecciones el 14-F por parte del TSJC no se ha tomado por unanimidad. Está el voto particular del magistrado José Manuel de Soler Bigas, que se decanta por aplazar los comicios apelando al derecho a la vida y a la baja participación que puede haber si se mantiene la fecha para la votación.

El magistrado carea los dos derechos y concluye que la situación de pandemia y emergencia sanitaria puede provocar una baja participación que deslegitime los resultados electorales: "la percepción de la ciudadanía, también psicológica, de la situación existente, puede derivar, como ya se ha apuntado, en una merma de la participación electoral, con la posibilidad inherente que se trate de deslegitimar el resultado electoral".