El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado por unanimidad admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno presentó contra la creación de la comisión de investigación al Parlamento sobre la monarquía española, según varios medios.

La admisión a trámite implica la suspensión automática del acuerdo porque el ejecutivo de Pedro Sánchez ha reclamado que se aplique el artículo 161.2 de la Constitución que deja sin efecto cualquier ley, acuerdo o normativa autonómica impugnada por el Estado. El Tribunal Constitucional dispone ahora de cinco meses –prorrogables- por adoptar una decisión sobre el fondo de la cuestión, y las partes tienen diez días para presentar alegaciones.

El ejecutivo español considera que la cámara catalana va más allá de sus competencias porque crea una comisión para investigar actividades "delictivas" o "irregulares" de personas vinculadas a la familia real española. "Este gobierno no puede aceptar que sin ninguna competencia se intente investigar el jefe del Estado por parte de un parlamento autonómico", afirmó la vicepresidenta del ejecutivo, Carmen Calvo, el 15 de marzo después de que el Consejo de Ministros diera luz verde a la interposición del recurso.

La impugnación incorporaba la petición para que se aplique el artículo 161.2 de la Constitución, que supone la suspensión automática de las leyes o decisiones impugnadas por el ejecutivo español en el momento en que el TC admita a trámite el escrito. El ejecutivo español actuó después de solicitar el informe preceptivo –pero no vinculante- del Consejo de Estado sobre el recurso. En esta ocasión el Consejo de Estado emitió un dictamen favorable, contrariamente a lo que había hecho cuando el mismo ejecutivo le pidió la opinión para presentar el recurso contra la declaración de reprobación a Felipe VI por parte de la cámara.

La Moncloa aduce que presentó los recurso por los mismos motivos en que lo ha hecho en dos ocasiones anteriores, en los que ha llevado también al Constitucional una moción que afianzaba la declaración de noviembre del 2015. El recurso argumenta que el Parlamento ha ido más allá de sus funciones al pretender investigar actividades de personas relacionadas con la monarquía. "No es competente", afirman estas voces del ejecutivo español, que sostienen que la argumentación es similar a la que constó al recurso contra la decisión del Parlamento de reprobar a Felipe VI.