El Tribunal Constitucional permanecerá pendiente del desarrollo de la jornada del referéndum a lo largo de este fin de semana, disponible en caso de que se tuviera que celebrar una reunión de urgencia, según informan fuentes jurídicas. Es la misma medida que los doce magistrados tomaron durante el pasado mes de agosto, ante la posibilidad de que el Parlament convocara un pleno extraordinario donde aprobar las leyes de desconexión. Una de las hipótesis esta vez, sin embargo, es que el Alto Tribunal estuviera bajo la pista de una nueva posible conformación de la Sindicatura Electoral para reforzar las garantías del 1-O.

La disolución de este órgano hace unos días se produjo para evitar las multas con las que el TC había decidido sancionar a sus integrantes –tanto de la Sindicatura General como de los miembros de las sindicaturas demarcación: de 6.000 a 12.000 euros diarios. Para evitarlo, el Govern les pidió que dieran el relevo del trabajo realizado a entes públicos, académicos e internacionales para que sigan observando el desarrollo efectivo del referéndum. El ejecutivo catalán denunció entonces "la ofensiva autoritaria" del Estado, contra un ente electoral escogido por el Parlament.

La cuestión es que las funciones de este organismo eran clave para dotar de garantías el efectivo del 1-O, tal como actuaría la Junta Electoral Central (JEC) en unas elecciones ordinarias. Por una parte, controlando que la votación se producía dentro de los parámetros establecidos en la ley de referéndum, aprobada por el Parlament el día 6 de septiembre –y suspendida por el TC. Y por extensión, garantizar la transparencia del proceso electoral y supervisar la actuación del órgano encargado del Censo Electoral. Por eso se designaron cinco personalidades ilustres del mundo académico: juristas y politólogos.

Es más, el mismo conseller y portavoz del Govern Jordi Turull dejó la puerta abierta hace unos días a reabrir la sindicatura. "La solución la notificaremos antes del domingo. Pero por ahora no lo podemos explicar para evitar que haya personas a las que se pueda suspender sus derechos. Los síndicos fueron nombrados y ya se les dirá lo que pasará. Y eso se debe al hecho de que hay una causa de fuerza mayor, que es que el Estado español ha declarado el estado de excepción en Catalunya", denunció el portavoz en la pasada rueda de prensa del Consell Executiu, preguntado al respecto.