El Tribunal Constitucional ya ha decidido si Lluís Puig será juzgado por tribunales catalanes o aragoneses en el caso de las obras del Monasterio de Sixena. Este miércoles el abogado de la defensa ha hecho público que el TC ha dictaminado que Puig sea juzgado en Catalunya y la causa sea enviada al TSJC. La Sala Segunda del Constitucional había incluido en la orden de este pasado lunes el recurso interpuesto por el representante legal del Ayuntamiento de Sixena, el letrado Jorge Español, para que declarara la inmediata y urgente nulidad de todas las actuaciones emprendidas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para asumir el enjuiciamiento de Lluís Puig. Finalmente, el TC no ha admitido el recurso y la causa se tendrá que juzgar en Catalunya y no en Huesca.

En su recurso, este abogado alegaba que es el juzgado de instrucción de origen oscense quien tiene que cumplir la sentencia dictada por el mismo Constitucional en el 2023 en respuesta a un recurso de Lluís Puig. Puig alegó anteriormente delante del TC contra su enjuiciamiento por el tribunal oscense, sosteniendo que sería una lesión a sus derechos fundamentales como aforado en el Parlament. El referido Juzgado de lo Penal 1 optó, a pesar de eso, en la vista del recurso de Puig, para remitir la cuestión al Tribunal Supremo, que decidió que debió ser el TSJC quien dirimiera la causa por desobediencia a la autoridad judicial para negarse a devolver 44 piezas de Sixena en Aragón. Finalmente, el TSJC ha considerado que se tienen que juzgar los hechos y se considera competente, y finalmente el TC ha ratificado esta decisión desestimando el recurso presentado por el ayuntamiento de Sixena.

 

La Fiscalía atribuye a los dos extitulares de la Conselleria de Cultura, Lluís Puig y Sant Vila, un presunto delito de desobediencia a resoluciones judiciales, y en Villa también lo considera responsable de un presunto delito de usurpación de atribuciones judiciales. El tribunal también ha decidido imponerles una fianza para cubrir eventuales responsabilidades civiles, que cifra en 17.250 euros para cada uno.

Tanto Villa como Puig se mostraron la semana pasada "contentos" con el hecho de que el caso avance después de años de estancamiento. Vila explicaba que, después de seis años, el caso les tenía comprometido dinero, esfuerzos y la capacidad de tomar decisiones en algunos casos. "Lo que es seguro es que no se podrá acreditar en ningún momento que hubo un ánimo de desobedecer. Hicimos las cosas tan bien como supimos procurar respetar las leyes catalanas", sostuvo Vila. Por otra parte, ha mostrado también la preocupación por el estado de conservación de la colección de arte motivo de la polémica. "Prometieron que harían obras en el Monasterio de Sixena para que se pudieran visitar, y sigue cerrado", afirmaba.