El Tribunal Supremo ha justificado su decisión de paralizar el censo de la ley de nietos y suspenderla tal como habían pedido como medida cautelar desde Vox e Iustitia Europa. En un auto, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, el alto tribunal considera que el "incremento extraordinario" en el número de electores en el censo electoral de españoles residentes en el extranjero (CERA) por la ley de nietos genera "un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente la objetividad y la transparencia del proceso electoral". En su decisión, que cuenta con un voto particular discrepante, los magistrados señalan que el censo de residentes en el exterior se ha incrementado en 408.262 electores desde las últimas elecciones generales de 2023 hasta el pasado 1 de julio, y apuntan además que este incremento extraordinario está "en constante aumento". La ley de memoria democrática, más conocida como ley de nietos, concede la nacionalidad a los hijos y nietos de los españoles exiliados por el franquismo.
Ante este incremento del censo y a fin de evitar "una circunstancia fundada de incertidumbre sobre el resultado electoral", la Sala Contencioso-Administrativa estimó la petición de medidas cautelares el pasado martes, que tendrán un carácter temporal y supeditado a la sentencia del alto tribunal. El Supremo asevera que "la afectación del derecho de participación" de las personas que hayan adquirido la nacionalidad por la ley de nietos "no resulta desproporcionada en relación con los intereses generales que se trata de preservar" y señala "la transparencia y la objetividad del proceso electoral", así como la "vigencia del principio de igualdad", como "pilares esenciales sobre los cuales se asienta el principio de participación ciudadana en los asuntos públicos, dentro del Estado democrático y de derecho que es España".
El pasado martes, el Tribunal Supremo aceptó suspender la polémica ley de nietos, tal como habían pedido como medida cautelar desde Vox e Iustitia Europa, que aseguraban que las próximas elecciones al Congreso —todavía sin fecha, pero que deben celebrarse como tarde en verano de 2027— tendrían unos resultados "viciados" si no se paraban estas altas automáticas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes. En cambio, tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía se oponían a la paralización. La decisión del alto tribunal comportó reacciones contrarias a un lado y otro del panel político e ideológico. Desde la Moncloa, como era de esperar, lamentaron esta decisión, que aseguran, no comparten, mientras que desde el PP lo celebraban y se apuntaban la suspensión de la ley como una victoria, a pesar de que no fue la formación de Feijóo quien la llevó ante la justicia.