Protegido. Y sin ser investigado. El Tribunal Supremo ha inadmitido una querella contra Juan Carlos I por cinco delitos contra la Hacienda Pública presentada por jueces del Tribunal Supremo jubilados y fiscales anticorrupción retirados que sostenían que el rey emérito habría cometido cinco delitos fiscales relacionados con rentas y donaciones no declaradas. El Alto Tribunal, en un auto del que ha sido ponente Manuel Marchena, avala así el criterio de la Fiscalía, que se opuso a la admisión de la querella, alegando que los hechos no son constitutivos de delito, están prescritos o han sido regularizados. Fundamentalmente, se escuda en el hecho de que la querella no aporta nuevos datos, pruebas ni documentos que justifiquen reabrir una investigación “exhaustiva” que la Fiscalía archivó en mayo de 2022 de forma “razonada y congruente”. El Supremo subraya que los argumentos por los que la Fiscalía justificó la decisión de archivar las diligencias abiertas en 2020 son “razonables, coherentes con el resultado de las investigaciones y cierran la puerta a la apertura de una investigación judicial”.

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Los impulsores de la querella, entre los que hay los jueces Clemente Auger y José Antonio Martín Pallín o los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, arguyeron que las regularizaciones tributarias del rey emérito no cumplían los requisitos legales para exonerar la responsabilidad penal y que los delitos no habrían prescrito, dado que eran hechos agravados por la utilización de estructuras opacas en el extranjero. Sin embargo, hace tres años, la Fiscalía del Supremo archivó la investigación porque entendió que Juan Carlos I había regularizado su situación con el pago de 678.000 euros en diciembre de 2020 y de 4.395.000 euros en febrero de 2021, antes de saber que existía una investigación abierta contra él por fraude fiscal. Ahora, el Supremo considera que no ha cambiado nada desde entonces y concluye que la regularización tuvo efectos exoneradores porque se hizo antes de que tuviera un conocimiento formal de las infracciones fiscales.

“Un decreto de archivo no puede ser reformateado para hacerle decir lo que no dice”

En el auto, el Supremo argumenta que la “selección fragmentada e interesada” del decreto de archivo de la Fiscalía “no puede ser ahora la causa determinante de la apertura de un proceso penal” contra Juan Carlos I, dado que, en términos jurídicos, “nada ha cambiado tres años después para alzar la razonada y congruente decisión” de la Fiscalía. “Un decreto de archivo no puede ser reformateado para hacerle decir lo que no dice, para transmutar las razones del cierre de una exhaustiva investigación en motivos para la apertura de una causa penal”, remacha el auto redactado por Manuel Marchena. Asimismo, el Supremo señala que admitir la querella supondría “convertir a los querellantes en entusiastas valedores de unos intereses tributarios que ya han sido satisfechos” y perseguir unos hechos que el Ministerio Fiscal “considera que conceptualmente no son ya constitutivos de delito”.

 

En su argumentación, la Sala Penal del Supremo alude a la “imprecisión” y la “falta de claridad” que la Fiscalía apreció en el relato de hechos de la querella y a un relato “comprimido e incompleto”. “Estas dificultades formales se hacen todavía más intensas a la vista de la ausencia de toda aportación documental que pueda respaldar los hechos imputados”, justifica el auto. “El relato fáctico se limita a una glosa crítica de las decisiones de la Fiscalía, sin contrarrestar los argumentos que fundamentaron el archivo con algún apoyo documental de contraste”, añade. Finalmente, el Alto Tribunal esgrime que los querellantes “no rebaten ninguna” de las razones que motivaron el archivo de las diligencias de la Fiscalía, sino que “se limitan a instar a esta Sala que repita la investigación y que reclame todos los documentos que han dado apoyo a la decisión de archivo del Fiscal”.

Ingresos multimillonarios de Juan Carlos I a través de una fundación

Concretamente, la querella denunciaba unos ingresos multimillonarios por parte del rey emérito a través de la fundación Zagatka, presidida por su primo Carlos de Orleans, que llegó a pagar 8 millones de euros por servicios privados de Juan Carlos I y del exempresario mexicano Allen Jesús Sanginés Krause. En su momento, no declaró a Hacienda estos ingresos, pero en febrero de 2021 presentó unas autoliquidaciones de los ejercicios fiscales de 2014 a 2018 para evitar la sanción. Los denunciantes aseguraron que los hechos todavía no han prescrito y que la Fiscalía advirtió al emérito que se había iniciado una investigación por posibles infracciones tributarias. Sin embargo, los abogados de Juan Carlos I replicaron que los escritos de la Fiscalía avisando a Juan Carlos I no detallaban el motivo de las investigaciones. Y el Supremo, igual que la Fiscalía, da por buena esta versión y continuará sin investigar al rey eméito.