El Tribunal Supremo juzgará a partir del 7 de abril al exministro de Transportes y exsecretario de organización del PSC, José Luis Ábalos; su antiguo asesor, Koldo García, y el comisionista Víctor de Aldama por el caso de las mascarillas. Este martes, la Sala Penal del Supremo ha comunicado que desestima todas las cuestiones previas que habían planteado sus defensas, entre las cuales había enviar el caso a la Audiencia Nacional. Una de las grandes incógnitas sobre este juicio era quién tendría que declarar como testigos, pero esta ya ha quedado resuelta: ni Pedro Sánchez ni el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que en aquel momento era ministro de Transportes, tendrán que hacerlo, a pesar de que así lo habían pedido las acusaciones. En cambio, sí que habrá cargos públicos muy relevantes entre los testigos. Destacan el de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Entonces eran presidenta del Gobierno de las Islas Baleares y de las Islas Canarias, respectivamente. También tendrá que ir a declarar la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que a su vez está imputada en la investigación sobre el caso Koldo en la Audiencia Nacional. 

Hasta ocho semanas de juicio 

El pasado 12 de febrero, en la audiencia preliminar, las defensas de Ábalos y Koldo reclamaron que el Supremo no era competente sobre este caso y le pedían que enviara la causa a la Audiencia Nacional. Cabe tener en cuenta que pocos días antes, a finales de enero, el exministro había presentado ante la Mesa del Congreso, presidida por Armengol, su renuncia al acta como diputado. Poco después de que estallara el caso Koldo, Ábalos fue expulsado del grupo parlamentario del PSOE en un intento del partido para alejarse tanto como pudiera de una persona que había sido de la máxima confianza de Sánchez. El valenciano, sin embargo, se aferró al escaño y pasó a formar parte del grupo mixto. En prisión preventiva desde noviembre, Ábalos justificaba que, por su situación procesal en la investigación sobre el caso Koldo, debía centrarse en su defensa. 

El juicio en el Tribunal Supremo comenzará así después de Semana Santa y podría prolongarse hasta ocho semanas ante la gran cantidad de testigos y pruebas. La Fiscalía pide 24 años de prisión para el exministro y 19 para su exasesor, mientras que la acusación pide unas penas que ascienden hasta los 30 años. En el caso del comisionista de Aldama, la Fiscalía pide 7 años de prisión, ya que confesó los hechos. Serán juzgados por presuntos delitos de soborno, tráfico de influencias, malversación de dinero público, integración en organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación.