La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, así como los ministros del Interior y de Política Territorial y Memoria Democrática, Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres, aparecen en la lista de testigos pedidos a la Sala Segunda del Tribunal Supremo por el abogado Carlos Bautista de cara al primer juicio del caso Koldo, el relativo a la trama de las mascarillas por la pandemia del coronavirus. Se trata del letrado que ha renunciado por motivos económicos a la defensa de José Luis Ábalos. Habrá que ver ahora si el nuevo abogado del exministro y ex número tres del PSOE mantiene a estos tres socialistas en su lista.
En este escrito de defensa, al que ha tenido acceso ElNacional.cat, el ya exabogado de Ábalos señalaba que los hechos de los que se acusa a su cliente no son constitutivos de delito y, por tanto, no puede recaer sobre él ninguna pena ni responsabilidad civil. En el texto, también se solicita que el empresario Víctor de Aldama sea interrogado con la obligación de responder a las defensas; y que Ábalos también lo sea, pero después de Aldama.
En este texto, la defensa de Ábalos reclama que comparezca como testigo Marlaska, por las mascarillas adquiridas por el Ministerio del Interior, así como Torres y Armengol por las compras efectuadas por Canarias y Baleares, comunidades que presidían respectivamente. También pide que testifiquen, entre otros, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector de Carreteras Javier Herrero, imputados en la rama del caso Koldo que investiga la Audiencia Nacional.
El magistrado instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, acordó el procesamiento de Ábalos, de su exasesor Koldo García y del empresario Víctor de Aldama al considerar que “se concertaron” para aprovechar la condición del entonces ministro y su “influencia”. Según expuso, lo habrían hecho para “beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración pública, así como para aprovechar en beneficio propio todas las oportunidades que se les pudieran presentar, valiéndose de esta valiosa influencia”.
Puente adoptó esta decisión después de que el pasado septiembre decidiera dividir la causa, dejando en la pieza principal las investigaciones relativas a los contratos de mascarillas y reservando una pieza separada para la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, encabezadas por el PP, reclaman 30 años de prisión para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.