Un trámite envenenado. El Tribunal Supremo ha preguntado a la Fiscalía que le informe si tiene que investigar al president Carles Puigdemont por el delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic, tal como defiende el juez Manuel García-Castellón. El fiscal de la Audiencia Nacional ya hizo un duro informe contra la decisión del juez y aseguraba que los hechos recogidos en la investigación no encajaban en el delito de terrorismo ni para Puigdemont, ni para la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ni a las otras diez personas procesadas. Ahora, se tendrán que pronunciar los fiscales del Supremo, siempre más beligerantes, y que acusaron de rebelión a los líderes independentistas. La Fiscalía, con todo, es jerárquica.

El gabinete de prensa del Tribunal Supremo ha informado este lunes que en la providencia se ha designado ponente de este asunto al magistrado Juan Ramón Berdugo que deberá proponer a la sala penal del Supremo, que preside Manuel Marchena, si procede o no su admisión.

Aforado

La Fiscalía se tendrá que pronunciar sobre “la competencia y el contenido” de la exposición razonada que hizo el juez García-Castellón. El Tribunal Supremo tiene establecido que tiene los diputados en el Parlamento Europeo, como el presidente Carles Puigdemont por Junts, es de su competencia porque tiene un aforo como los diputados en el Congreso de los Diputados, que son competencia del alto tribunal español. Por el contrario, la defensa del president Puigdemont, ejercida por el penalista Gonzalo Boye, sostiene que no hay ninguna norma escrita que fije que el Supremo tiene esta competencia, y que se tendría que llevar el caso en los juzgados donde tuvieron lugar los hechos, o los que fija la ley. Así lo ha reclamado Boye al juez Pablo Llarena por la causa del Procés, que se le ha denegado. La competencia del Supremo en la causa del 1-O es uno de los motivos denunciados por los líderes independentistas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), además de otras vulneraciones de derechos.

Lawfare

El magistrado García-Castellón dictó la resolución de imputación del delito de terrorismo a Puigdemont, Rovira, y al resto de encausados el 6 de noviembre pasado, después de tener la causa parada casi cuatro años y justo cuando se difundió que había un acuerdo entre el PSOE y Junts para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez a partir de compromisos como, por ejemplo, aprobar una ley de amnistía para los implicados del Procés. Junts, y esta semana el PSOE, han acusado al magistrado de la Audiencia Nacional de lawfare, al pronunciarse una vez más en un momento clave políticamente.

Y es que la semana pasada ratificaba los indicios de terrorismo a pesar de las negativas recibidas de organismos oficiales. Por ejemplo, una agencia de seguridad de la UE (EASA) respondió al juez que la protesta masiva del 14 de octubre de 2019 al aeropuerto del Prat —como respuesta a la sentencia del Procés— no causó ningún incidente a la seguridad aérea. También se descartó que la muerte del ciudadano francés en el Prat fuera a causa de la manifestación.