"Ningún impacto en el funcionamiento de otros aeropuertos nacionales e internacionales." Es la respuesta que ha dado la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA) al juez Manuel García-Castellón, que le consultó si la protesta masiva del 14 de octubre del 2019 en el aeropuerto de El Prat afectó al espacio aéreo para imputarlo a los investigados por el caso Tsunami Democràtic, según se ha conocido este jueves. La manifestación fue una respuesta ciudadana contra la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas.
El magistrado de la Audiencia Nacional incluso ha preguntado a la OTAN sobre los efectos de la protesta. Este reclamo de investigación a organismos europeos e internacionales fue hecha, el noviembre pasado, después de acordar las 12 personas investigadas por el delito de terrorismo en el caso Tsunami, donde incluyó al president en el exilio, Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
Sin incidentes
En el comunicado, la agencia de la UE precisa al magistrado de la Audiencia Nacional que en su repositorio desde la supervisión del Gestor de Redes (Eurocontrol) "no tiene ningún registro relacionado con el acontecimiento al cual se refiere en su solicitud de información”, refiriéndose a la protesta de El Prat. Y sostiene: “En el Informe Anual del Network Manager 2019 no hay ninguna indicación de que el acontecimiento al cual hace referencia en su solicitud tuvo un impacto significativo en el rendimiento de la red”.
Añade que ha contactado con el Gestor y según la información facilitada Eurocontrol el 14 de octubre de 2019, "no se produjo ningún acontecimiento con un cajero automático ni se ha notificado el impacto de la red". Según la información recibida de Eurocontrol, la agencia EASA concluye que "no hay pruebas de que los hechos en el Aeropuerto de El Prat hayan impactado en el funcionamiento otros aeropuertos nacionales e internacionales".
Desmonta el terrorismo
La respuesta de esta agencia de la UE desmonta la tesis del juez García-Castellón de que las acciones promovidas por Tsunami Democràtic tiene indicios del delito de terrorismo porque alteraron estructuras de Estado. El fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha presentado recurso contra la resolución del juez de calificar los hechos de terrorismo, como de elevar la investigación del president Puigdemont al Tribunal Supremo porque es aforado. Los abogados Gonzalo Boye y Benet Salellas, en nombre de los principales encausados, ha apoyado al recurso de la Fiscalía. La sala de lo penal de la Audiencia Nacional tiene que resolver ahora si avala la investigación del juez García-Castellón o la frena.