El Tribunal Supremo ha elevado este martes al Congreso de los Diputados el suplicatorio para suspender la inmunidad del diputado de Sumar y de los comuns Félix Alonso. El magistrado instructor de la sala penal Vicente Magro considera que hay suficientes indicios que sitúan al parlamentario como responsable de un delito de prevaricación por las adjudicaciones de contratos menores a distintas empresas hechas cuando era alcalde de Altafulla. Según Magro, se produjo un "uso indebido de la figura del contrato menor para satisfacer necesidades recurrentes de la corporación municipal contrario a la normativa de contratación pública". Y añade que "existió una absoluta falta de procedimiento, de presupuesto; con la voluntad del investigado de introducir empresas con vinculación política".
El juez señala que "hay una absoluta falta de procedimiento, de presupuesto, y se hace un uso indebido de la prórroga y del contrato menor con la voluntad del investigado de introducir empresas con vinculación política y, por tanto, usando la fórmula del contrato menor se ha eludido la aplicación de la legislación estatal en materia de contratación administrativa". Ante esto, el magistrado concluye que hubo un "uso indebido de la figura del contrato menor para satisfacer necesidades recurrentes de la corporación municipal contrario a la normativa de contratación pública".
Los indicios recabados permiten al magistrado afirmar que "hay suficientes elementos para considerar provisionalmente al investigado Félix Alonso Cantorné posible responsable de los hechos que revisten caracteres de delito de prevaricación". El magistrado indica que estos indicios "hacen imprescindible para avanzar en el camino procesal recabar la autorización prevista en la Constitución para actuar contra parlamentarios". Es por ello que el Supremo acuerda enviar un suplicatorio a la Presidencia del Congreso a través del presidente de la sala penal para levantar la inmunidad del diputado.
En su declaración como investigado del pasado 15 de junio, el actual diputado de Sumar defendió "la legitimidad de las contrataciones" cuando era alcalde de Altafulla. En este periodo, la localidad multiplicó su población aproximadamente por tres, por lo que su ayuntamiento "se vio obligado a afrontar estas nuevas necesidades con una plantilla funcionarial insuficiente y severamente limitada".
Es en este contexto, según él, que se produjeron las contrataciones del "jurista de prestigio reconocido" Salvador Milà y del despacho Sinergia, "integrado por profesionales especializados en urbanismo, derecho administrativo y medio ambiente". Unas contrataciones que "responden exclusivamente a criterios de especialización técnica, experiencia profesional y confianza", y no a "consideraciones de naturaleza política o partidista".