El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha citado a declarar como investigados el próximo lunes al exconseller de Interior y diputado de ERC Joan Ignasi Elena y al exlíder de ICV Joan Herrera en el marco de la investigación sobre supuestas irregularidades en contrataciones del Ayuntamiento de Altafulla. La causa, abierta por un presunto delito de prevaricación, se remonta a contratos menores adjudicados entre 2017 y 2019, durante el mandato del entonces alcalde Fèlix Alonso, que también está investigado en este caso por el Tribunal Supremo. El TSJC asumió la instrucción tras recibir una exposición razonada del juzgado de El Vendrell, que apunta a que Elena y Herrera, como administradores de la empresa SINERGIA Energía, Derecho y Medio Ambiente SLP (SINERGIA EDM), habrían participado en adjudicaciones irregulares efectuadas a través de la figura del contrato menor.
La investigación pone el foco especialmente en un contrato de asesoramiento jurídico externo adjudicado a SINERGIA EDM a partir del 18 de octubre de 2017. Según el TSJC, el Ayuntamiento de Altafulla habría recurrido de manera irregular a la figura del contrato menor para evitar la convocatoria de un concurso público y los mecanismos de concurrencia previstos en la legislación de contratación. La empresa facturó mensualmente 1.300 euros más IVA por sus servicios y emitió un total de 22 facturas entre noviembre de 2017 y julio de 2019, por un importe acumulado de 25.046,67 euros, a los que se añaden 5.259,80 euros en concepto de IVA. El tribunal destaca que esta cantidad supera el límite legal establecido para los contratos menores, fijado entonces en 15.600 euros más IVA, y recuerda que este tipo de contratos no podían prorrogarse ni superar el año de duración. La resolución también subraya los informes desfavorables de la interventora municipal, que advertía de que el consistorio repetía encargos al mismo proveedor sin respetar los principios de publicidad y concurrencia que rigen la contratación pública.
La causa también examina una segunda adjudicación a SINERGIA EDM, formalizada en junio de 2017 para la redacción de los pliegos técnicos de la licitación de las obras del casal La Violeta de Altafulla. El contrato, valorado en 5.000 euros sin IVA, es objeto de cuestionamiento porque, según el TSJC, no se justificó adecuadamente la necesidad de recurrir a una empresa externa para desarrollar unas "funciones que podía asumir personal municipal". La resolución judicial también señala que el expediente se tramitó sin el informe jurídico preceptivo y a pesar de las advertencias de la interventora, que también se opuso a la contratación.
Alonso, investigado por el Supremo
El auto señala que la presunta responsabilidad principal de los hechos investigados recaería sobre Alonso, que fue alcalde entre 2011 y 2019 y que actualmente es diputado en el Congreso por Sumar. Dado que es aforado, su investigación se tramita en una pieza separada asumida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde el pasado 20 de abril. En cuanto a Elena y Herrera, el TSJC apunta que habrían podido actuar como "cooperadores necesarios" en las adjudicaciones bajo sospecha.
Sin embargo, el tribunal subraya que la investigación se encuentra todavía en una fase inicial y que los hechos se analizan de manera "provisional, presunta y meramente indiciaria". Con todo, considera que existen suficientes elementos para abrir diligencias penales e investigar a Elena, también aforado por su condición de diputado en el Parlament. La sala ha acordado incoar diligencias previas, ha designado instructor al magistrado Carlos Ramos Rubio y ha reclamado al juzgado de El Vendrell toda la documentación de la causa para continuar su instrucción.