El magistrado Pablo Llarena, que instruye en el Supremo la causa principal contra el referéndum del 1 de octubre y el proceso, ha admitido el Gobierno español como acusación en el procedimiento, han informado a Efe fuentes jurídicas.
El Gobierno de Rajoy, a través de la Abogacía del Estado, había pedido ser parte del proceso judicial al considerar que el Estado ha sido perjudicado por la malversación de caudales públicos en la cual habrían incurrido los investigados. Y el juez ha admitido esta personación, de manera que a partir de ahora la acusación del Gobierno del PP se suma a la Fiscalía y a la única acusación particular presente en la causa hasta el momento, la que ejerce el partido VOX.
Los servicios jurídicos del Estado han pedido su presencia en la causa como acusación ante la sospecha de que se haya destinado dinero público a financiar el referéndum del 1 de octubre y las acciones posteriores encaminadas a la declaración unilateral de independencia.
Precisamente este jueves se ha conocido un informe de la Guardia Civil en el cual cifra en un millón de euros el dinero que la Generalitat pagó a Unipost sólo para el envío de cartas a los miembros electorales y para tarjetas censales del referéndum. Un pago que Unipost ha negado en un comunicado.
El juez del 13 de Barcelona que investiga los preparativos y la celebración del referéndum considera "evidente" que "todo o parto" de este proceso se pagó con créditos obtenidos a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), dado que estos constituyen una partida importante de los ingresos de la Generalitat.