Las medidas excepcionales decretadas por el estado de alarma por el coronavirus ahora se trasladan al ámbito judicial. Este jueves, la sala segunda del Tribunal Supremo ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre la competencia, posible acumulación y fondo del asunto de un total de 36 denuncias y 15 querellas --51 en total-- formuladas contra varios miembros del Gobierno durant el periodo de estado de alarma. Una vez recibido el informe, los magistrados decidirán lo que proceda.
De esta manera, queda en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo decidir si procede o no investigar tanto al presidente Pedro Sánchez como a otros miembros del ejecutivo de coalición por la gestión que se ha hecho de la crisis sanitaria. Desde la Fiscalía General del Estado remarcan que la exministra y fiscal general del Estado Dolores Delgado se inhibirá y se mantendrá al margen de la decisión que tome el ministerio público sobre este dosier.
Entre estas denuncias está la del abogado Víctor Valladeres contra el mismo Pedro Sánchez por imprudencia al haber permitido la manifestación feminista del 8-M en Madrid. Es el mismo letrado que inició la causa en los tribunales ordinarios de Madrid contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, una causa que ya ha sido archivada por la jueza Carmen Rodríguez-Medel.
FOTO: El delegado del Gobierno en Madrid després de declarar ante la jueza el pasado junio (Europa Press)
La causa del 8-M
El pasado 12 de junio, la jueza instructora Carmen Rodríguez-Medel acordó el sobreseimiento provisional de la causa del 8-M en Madrid. Lo hizo después de interrogar al delegado del Gobierno en Madrid, el acusado José Manuel Franco, y otros testigos. La magistrada consideró entonces que "no hay indicios suficientes de actuación delictiva" por parte de Franco por el delito de prevaricación administrativa, a pesar del controvertido informe de la Guardia Civil. El auto sostenía que el investigado, entre el 5 y el 14 de marzo, "no tuvo conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas comportaba la realización de manifestaciones y concentraciones". También constataba que Franco "no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario"