El sistema judicial mantiene el pulso sobre el independentismo. Y es que, en la causa contra el exconseller de Acción Exterior y actual delegado del Govern en Lleida, Bernat Solé tendrá que hacer frente a la decisión del Tribunal Supremo en las próximas semanas. La sala decidirá el próximo 16 de noviembre si ratifica la condena de un año de inhabilitación contra Solé por el rol que jugó como alcalde de Agramunt (Urgell) durante el referéndum de independencia del 1 de octubre del 2017. En caso de confirmarse la decisión de los magistrados, el delegado del ejecutivo tendría que dejar este cargo en el momento en que se le notifique.
El 21 de enero de 2021, el entonces conseller Bernat Solé era condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya a una multa de 16.800 euros e inhabilitación especial por el ejercicio de cargos públicos electos y de funciones de gobierno o administración durante el periodo de un año, así como al abono de los costes del proceso judicial. El representante de Esquerra Republicana se convertía así en el primer alcalde en ser condenado por el referéndum. Anteriormente, ya había sido víctima Montse Mindan, alcaldesa de Roses, y el concejal de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona (quien ejerce ahora de vicepresidente en la Assemblea Nacional Catalana).
La sentencia del TSJC salió, coincidentemente, el mismo día que ERC presentó las listas a las elecciones del 14 de febrero al Parlament, recuerda la ACN. El fallo judicial obligó al partido a retirar su nombre como candidato por la circunscripción de Lleida. En su lugar entró la exconsellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Meritxell Serret, quien de hecho también estaba siendo investigada por desobediencia después del 1 de octubre. La diputada de ERC espera que empiece su juicio durante los próximos meses.
Poca esperanza de revertir la sentencia
Bernat Solé recurrió la sentencia del TSJC, aunque ya ha manifestado en más de una ocasión que no tiene demasiada esperanza en que esta vía avance favorablemente y cree que el Supremo ratificará la condena. El TSJC utilizó como una de las principales pruebas para condenarlo un reportaje en una revista local que destacaba el papel que había jugado el alcalde para sacar adelante el referéndum. Él siempre ha defendido que su papel durante la jornada del 1-O fue el de estar al lado de la ciudadana en una "fiesta democrática" y se reafirma en que eso nunca tendría que ser considerado delito. Durante el juicio, en que respondió a todas las preguntas del fiscal y el abogado, defendió que su actuación durante aquella votación fue "la que corresponde a cualquier alcalde", y que solo intervino para preservar el orden público y la integridad de los equipamientos. Además, explicó que por ese motivo "en ningún momento" pidió que se escondieran las urnas.