El indulto del exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y el resto de presos políticos depende del Gobierno, aunque si lo concede, tendrá que asumir el coste político de hacerlo por ir en contra de la Fiscalía y del Tribunal Supremo, según detalla El Mundo. Los fiscales del procés, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno, acaban de confeccionar sus informes desfavorables a la concesión de estas medidas para los nueve condenados, aunque estos informes no son vinculantes.

Fuentes consultadas por el diario detallan que los líderes independentistas no han demostrado arrepentimiento por haber convocado el referéndum y también resaltan que los delitos para los cuales han sido condenados son de especial gravedad. De esta misma manera, la Fiscalía destaca, y así lo detallará en los informes, que la Constitución prohíbe los indultos generales de forma expresa.

Qué defenderá la Fiscalía

Las fuentes que recoge El Mundo detallan, pues, que ninguno de los condenados por el 1-O —el exvicepresident Oriol Junqueras, los consellers Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn y Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez— han expresado arrepentimiento.

De esta manera, la Fiscalía considera justo lo contrario. Los acusados han hecho declaraciones públicas afirmando que volverán a derogar el orden jurídico vigente, como ya hicieron en septiembre del 2017 con la ley del referéndum y las leyes de desconexión aprobadas por el Parlament.

La Fiscalía destacará en los dictámenes que ultima la especial gravedad de los delitos cometidos: sedición y un delito de corrupción y malversación de dinero público. En este sentido, el ministerio público defenderá que las penas impuestas por el alto tribunal son proporcionadas a la gravedad de los hechos que se produjeron en Catalunya en otoño de 2017.

Además, los fiscales especificarán que el indulto es una medida individualizada y que por lo tanto, no caben concesiones en bloque.

Así, aunque los informes no serán vinculantes, los fiscales pondrán en sus informes que no hay razones de justicia ni de equidad ni de utilidad pública porque el Gobierno otorgue los indultos a los líderes del procés. De hecho, entienden que se rompería el principio de igualdad ante la ley si finalmente se otorgan.