El Tribunal Supremo ya ha mandado la renovación de la Sala de lo Penal con el objetivo, según La Vanguardia, de poder juzgar al presidente en el exilio, Carles Puigdemont, si la justicia belga decide extraditarle. La idea es nombrar a tres nuevos jueces que no hayan intervenido nunca en ninguna de las fases anteriores relacionadas con el procés.
Con esta estrategia el Supremo pretende evitar que, en el caso de extradición, se puedan recusar a los jueces por estar "contaminados" por otros procesos relacionados con el procés.
Estos nuevos magistrados, por lo tanto, no habrían formado parte de los siete magistrados que asumieron el juicio al procés y tampoco habrían formado parte de la Sala de Apelaciones que resolvió los recursos interpuestos contra las decisiones de Llarena durante la investigación de los hechos, según apunta el citado medio.
Con estos cinco nuevos jueces el Supremo quiere que no se pueda cuestionar la falta de imparcialidad objetiva, ya que no han formado parte de ninguna fase anterior relacionada con el procés.
El mismo día que salió la sentencia contra los líderes independentistas, el magistrado de la sala de lo penal del Supremo Pablo Llarena activó una nueva euroorden contra Puigdemont. De la misma manera, el instructor de la causa sobre el procés también puso en marcha una orden de detención internacional.