La política de vivienda vuelve a escalar posiciones en la agenda estatal después del revés parlamentario del pasado 28 de abril, cuando el Congreso rechazó el decreto impulsado por el Gobierno que incluía, entre otras medidas, la prórroga de los contratos de alquiler y el límite del 2% en la actualización de rentas. La derrota, con el voto en contra de Junts, el PP y Vox y la abstención del PNV, evidenció las tensiones dentro de la mayoría de investidura y, especialmente, el distanciamiento entre Sumar y Junts per Catalunya, dos partidos que tienen rotas las relaciones. Al día siguiente de que los juntaires abrieran la puerta a aprobar la prórroga si se hacen modificaciones y se aprobaba un paquete de rebaja fiscal en materia de vivienda, fuentes de Sumar insisten en que su prioridad “siempre ha sido clara”: aprobar una prórroga de los alquileres que aporte “certeza y estabilidad a tres millones de personas”. Según remarcan, durante el periodo en que la medida estuvo vigente, miles de familias se pudieron beneficiar, y aseguran que continuarán presionando hasta recuperarla.
Desde el espacio liderado por Yolanda Díaz, que no cierra la puerta a las propuestas de Junts y a modificar el decreto, subrayan también que la iniciativa dispone de un amplio apoyo social —cifrado en el 75% de la ciudadanía— y se muestran convencidos de que acabará saliendo adelante. En paralelo, sitúan como prioritarias otras medidas para hacer frente a la crisis de vivienda, como “cerrar el agujero de los alquileres de temporada y de habitaciones”, que consideran vías de escape del mercado regulado. Sumar defiende que en los últimos meses ha trabajado para construir una mayoría parlamentaria que permita aprobar estas medidas y asegura que el acuerdo es posible. Ahora bien, apuntan directamente a la “voluntad política” de Junts y del PSOE como factores determinantes para desatascar la situación. “En una negociación, todo el mundo pone propuestas sobre la mesa, y a partir de ahí se habla y se negocia”, indican las mismas fuentes, que aseguran que están trasladando diferentes escenarios para dibujar un “perímetro de acuerdo”.
Junts mantiene las exigencias con el decreto
Por su parte, Junts ha empezado a mover ficha después de haber sido clave en la caída del decreto. Los de Carles Puigdemont plantean una propuesta alternativa centrada en incentivos fiscales y reformas legales para dinamizar el mercado de la vivienda. Entre las medidas que defienden está la recuperación de desgravaciones por hipoteca, alquiler y cuentas de ahorro, un modelo que, según remarcan, "ya existía en 2013 y es asumible".
En paralelo, los juntaires se abren a avalar una nueva prórroga de los alquileres, pero con condiciones. Consideran que el decreto impulsado por Sumar es un "chapuza" y reclaman modificaciones sustanciales, como que solo se puedan acoger a la prórroga los inquilinos que estén al corriente de pago, o que los propietarios puedan recuperar la vivienda por necesidad propia o familiar aunque esta cláusula no conste en el contrato. También defienden que la actualización de las rentas se haga de acuerdo con el índice de referencia (IRAV) impulsado por el Gobierno, y quieren evitar que los grandes tenedores esquiven los límites de precios en zonas tensionadas a través de prórrogas contractuales.