La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha denunciado hoy que la intervención de las finanzas de la Generalitat por parte del Estado está bloqueando más de 10 millones de euros destinados a subvencionar proyectos de más de 500 entidades sociales. Bassa ha calificado el hecho de "ataque directo al tejido asociativo y cívico" de Catalunya.
Según ha asegurado el Govern, se trata de las ayudas que reciben las entidades sociales para sus proyectos a través de la convocatoria ordinaria de subvenciones a proyectos y entidades de carácter social (COSPE).
La Generalitat asegura que 307 entidades que tenían que recibir un total de 4,5 millones de euros anuales de la Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria (DGACC) y otros 224 que tenían que percibir 5,51 millones de euros de la Dirección General de Juventud verán perjudicada su actividad.
De estas, el Govern estima que un porcentaje elevado quedaría "en una situación económica muy comprometida si el bloqueo se mantiene pudiendo provocar la incapacidad para seguir la actividad ordinaria".
La consellera Bassa ha denunciado que "se trata de un ataque directo en el tejido asociativo y cívico de nuestro país" y ha lamentado la "nula sensibilidad del Estado ante la tarea que hacen las entidades de nuestro país contra la exclusión social y a favor de la igualdad de oportunidades".
¿Qué actividades quedan afectadas?
En el caso de la DGACC, según Bassa, los proyectos que reciben esta subvención son los destinados a encarar la lucha contra la exclusión social, ya sea impulsando programas de acción comunitaria, que afectan voluntarios, población gitana, niños, jóvenes, mujeres, familias, inmigrantes, drogodependientes, personas con enfermedades mentales, con discapacidad y personas mayores, que se encuentran en riesgo de exclusión social.
Sobre Joventut, se trata de entidades que realizan actividades de educación en el tiempo libre dirigidas a niños y jóvenes como instrumento de cohesión social.
Según la Generalitat, la COSPE es una convocatoria plurianual y, por lo tanto, su bloqueo no sólo compromete a los programas de este año sino también los previstos para el 2018, muchos de los cuales no podrían ejecutarse".
Bassa ha asegurado que para las entidades que reciben ayudas de la DGACC, se estima que el impacto económico que la convocatoria tiene en las nóminas es de aproximadamente un 70% "que significa que unos 1.300 trabajadores podrían quedar afectados por este bloqueo del Estado".
"La intervención también comporta una afectación directa a las propias entidades, ya que la decisión se hace efectiva en el mes de octubre del 2017, con prácticamente todo el año transcurrido y con buena parte de los gastos asociados a estos programas ya invertidos", ha denunciado a la consellera.