El camino de la reforma de la ley de Presidencia para hacer posible la investidura de Carles Puigdemont a distancia aparece cada vez más difícil de transitar. No sólo porque todas las fuentes apuntan que el gobierno español recurrirá esta vía, sino porque, en virtud del 155, la reforma no será vigente hasta que la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, la promulgue y la publique en el DOGC. Eso deja en sus manos la administración de los tiempos y puede cerrar el paso a cualquier intento de aprovechar el interín, entre la aprobación de la reforma de la ley y la hipotética suspensión por parte del TC, para sacar adelante la investidura.
El artículo 65 del Estatut fija que las leyes son promulgadas, en nombre del rey, por el president de la Generalitat. La aplicación del artículo 155 ha dejado esta función en manos de la vicepresidenta. De hecho, esta potestad ha quedado clara este jueves en el pleno del Parlament donde se han ratificado dos decretos del Govern firmados por la vicepresidenta y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Todas las fuentes consultadas aseguran que la vicepresidenta no tendrá más alternativa que promulgar la reforma aprobada por el Parlament, porque así lo establece la ley. No obstante, lo que sí quedará en sus manos es la posibilidad de administrar los tiempos en función de su conveniencia dado que el nuevo texto no entrará en vigor hasta que se haya publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) y aquí sí tiene margen para actuar la vicepresidenta dado que el artículo 65 del Estatut otorga 15 días para la publicación una vez reciba el visto bueno en el hemiciclo.
Eso impedirá a los grupos independentistas precipitar una investidura sin dar tiempo al recurso. De hecho, si así lo decidiera Santamaría, el recurso podría disponer de hasta dos semanas para su preparación, con el añadido de que si finalmente el TC decidiera suspender la reforma, esta suspensión sería efectiva de manera inmediata, tan pronto como lo aprobara el alto tribunal una vez publicada la ley.
Eso quiere decir que si el pleno del Parlament aprueba la reforma el día 3 de mayo, como se ha anunciado, podría quedar congelada hasta el día 18, viernes, con la perspectiva de quedar suspendida de manera prácticamente inmediata una vez se publique. Cuatro días más tarde, el 22 de mayo, se agota el plazo de dos meses de que dispone el Parlament para hacer efectiva la investidura antes de que la Cámara quede automáticamente disuelta y se convoquen de nuevo elecciones.
JxCat ha asegurado repetidamente que la previsión es no agotar los plazos, lo cual, podría obligar a este grupo a mover pieza antes de agotar la vía de la reforma de la ley de Presidencia.
De momento, el gobierno de Mariano Rajoy -que apuesta por conseguir desbloquear la investidura sin la necesidad de nuevas elecciones en Catalunya- no ha hecho ningún movimiento en contra de la delegación de voto del president, Carles Puigdemont, y el conseller Toni Comín, que esta mañana se ha hecho efectiva en el Parlament. Esta decisión permite a JxCat y ERC disponer de mayoría suficiente para una investidura en segunda vuelta. Cerrar el paso a sus dos votos dejaría en manos de la CUP también la investidura por mayoría simple, y los cupaires han dejado claro que su voto solo está garantizado si el candidato es Puigdemont.