Junts per Catalunya y Esquerra Republicana han registrado este martes en el Congreso de los Diputados sus conclusiones sobre la comisión de investigación de los atentados del 17-A de Barcelona y Cambrils que se ha celebrado esta legislatura. Las dos formaciones independentistas denuncian las sombras y los numerosos interrogantes sobre la relación entre el CNI y el imán de Ripoll, Abdelbaki es-Satty. Los dos grupos corroboran que hubo un fallo de coordinación entre cuerpos de seguridad, y aseveran que los Mossos d'Esquadra deberían haber sido informados del seguimiento que se estaba haciendo de Es Satty por parte de los servicios españoles. También lamentan el trato insuficiente que han recibido las víctimas y, a grandes rasgos, acusan al Estado español de haber tenido una actuación negligente en los atentados que se produjeron en Catalunya solo un mes y medio antes del referéndum de autodeterminación del 1-O.
El grupo parlamentario de Míriam Nogueras lamenta que "no ha sido acreditada de forma indudable" la muerte de Es-Satty en la explosión de la casa de Alcanar y también proponen reformar la Ley de Secretos Oficiales; dos elementos que los republicanos no mencionan en sus conclusiones. Pero hay máxima coincidencia en la denuncia de la poca transparencia que ha tenido el Estado español. Esquerra Republicana sentencia, sin rodeos, que "el derecho a saber la verdad no ha sido plenamente satisfecho" porque "continúan existiendo zonas de sombra sobre la relación entre Es Satty y el CNI, la naturaleza exacta de los contactos, su duración, los responsables, los eventuales pagos y los motivos por los que esta información no se compartió con los Mossos d'Esquadra". Este último punto "evidencia un fallo en la coordinación, lealtad institucional y prevención que se necesita ante amenazas terroristas".
Junts, en un documento firmado por la diputada Pilar Calvo, afirma que la comisión ha podido demostrar la relación —que siempre había sido negada— entre Es Satty y los servicios de inteligencia españoles. El CNI lo captó en la prisión de Castelló a cambio de no expulsarlo, le facilitó un teléfono de contacto y le arregló contratos laborales ficticios para acreditar arraigo. En un documento firmado por el diputado Francesc-Marc Álvaro, los republicanos destacan que los servicios de inteligencia españoles "disponían de suficientes elementos" para considerar al imán de Ripoll "susceptible de un control y una evaluación más rigurosos". Destaca que, como mínimo, sabían que "había sido condenado por tráfico de drogas, que había cumplido condena en la prisión de Castelló, que tenía o había tenido un expediente de expulsión, y que podía tener interés operativo como posible fuente de información"; motivo por el cual "agentes del servicio se entrevistaron con él y le hicieron un seguimiento posterior".
El grupo parlamentario capitaneado por Gabriel Rufián también admite que no ha podido quedar acreditado que hubiera previas sospechas sobre la vinculación de Es Satty con entornos yihadistas y terroristas. Pero esto, del mismo modo, permite a ERC concluir que "la gestión institucional de la información disponible sobre él fue insuficiente". Es decir, que se puede apreciar "una actuación presuntamente negligente".
Junts, por su parte, concluye que mantener clasificada la información sobre Es Satty y el CNI tenía como única finalidad proteger a responsables políticos y policiales. El documento entregado por el PSOE, al cual también ha tenido acceso ElNacional.cat, adopta un tono de balance positivo de la gestión: destaca las mejoras hechas desde el 2017, valida la actuación de los Mossos y no cuestiona ninguna actuación de los servicios de inteligencia.
Las víctimas
A juicio de los republicanos, las víctimas de los atentados del 17-A "han recibido siempre una respuesta institucional insuficiente y nada transparente". "El trato ha sido deficitario en la recepción de información, en la asistencia durante y posterior, en las facilidades para tramitar expedientes, así como la percepción de ayudas, entre otros", añade Álvaro, que también destaca que los afectados deben recibir "garantías de no repetición". Por último, añade que "la prevención de la radicalización violenta exige políticas públicas integrales, no solo vigilancia policial". Junts también lamenta el trato insuficiente que han recibido las víctimas y propone mejorarlo con reformas legislativas.