La Conselleria de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia que dirige el republicano Bernat Solé ha enviado este martes un correo a los ayuntamientos instando a reanudar "todos los trámites del proceso electoral" después de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de suspender, de forma cautelar y provisional, el aplazamiento de las elecciones al Parlament.

Según un correo que la Conselleria responsable de la organización de los comicios ha emitido a los alcaldes y secretarios de los ayuntamientos catalanes y al cual ha tenido acceso Europa Press, los consistorios tienen que proceder a la elección de los representantes de la administración y a la elección de los miembros de las mesas, a estos últimos "entre hoy y mañana". Es decir, en 48 horas.

Fuentes de la Conselleria descartan solicitar una ampliación de este margen temporal porque "los plazos ya son muy justos" y el efecto podría ser de castillo de cartas: si se retrasa el sorteo, se retrasa la notificación en los escogidos y, en un contexto de pandemia, esto puede derivar en problemas para encontrar sustitutos si hay personas vulnerables que piden quedar exentas de su obligación electoral.

Según la ley electoral, los miembros de cada mesa son designados por sorteo público entre la totalidad de las personas incluidas a la lista de electores de la mesa correspondiente, que sepan leer y escribir y sean menores de 70 años, si bien a partir de los 65 años podrán manifestar su renuncia en el plazo de siete días.

Pugna entre el TSJC y el Govern

El TSJC ha estimado las medidas cautelarísimas solicitadas en una demanda de un particular contra el decreto que aplazó las elecciones catalanas del 14 de febrero hasta el 30 de mayo. Así pues, con esta decisión de la sección 5ª del Contencioso Administrativo del TSJC, queda suspendido el decreto en que convoca las elecciones para el 30 de mayo y se mantiene en vigor el que las convoca para el 14 de febrero. Ahora bien, en los próximos días el TSJC tendrá que entrar en el fondo de la cuestión y tomar una decisión sobre si el aplazamiento se ha hecho bien y sobre si la pandemia obliga a buscar otra fecha.

Esta acción del Govern  contrasta con la reacción de su vicepresident en funciones de president, Pere Aragonès, quien ha anunciado que el Ejecutivo "alegará y defenderá los argumentos jurídicos" ante el tribunal. El coordinador nacional de ERC también ha asegurado que el Govern dará "todas las certezas para proteger la vida de la gente, los derechos democráticos y la soberanía de Catalunya, como hemos hecho hasta ahora". "Exigimos claridad de todas las partes dejando los intereses al margen", ha instado.

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