Societat Civil Catalana (SCC), en su plan estratégico 2019, ha anunciado la creación de una plataforma de afectados por el procés. En el documento, al que ha tenido acceso la agencia Efe, no se detalla en qué consistirá ni quién se integrará a él, pero se dice que se creará para que no se olvide "el daño social, personal y político" que comportó el intento de ruptura, así como "las nefastas consecuencias económicas" que, según ellos, tuvo el referéndum del 1 de octubre.

Por otra parte, SCC reforzará los controles internos para evitar lo que eufemísticamente denominan "tensiones" económicas. El expresidente de la entidad, José Rosiñol, y sus colaboradores Míriam Tey, Ferran Brunet y Sixto Cadenas fueron destituidos, acusados de desvío de fondos, porque destinaron la mayor parte de los gastos de la institución en Manifiesto, la empresa en la que trabaja Rosiñol. Tras su destitución, asumió la presidencia de la entidad el ultraderechista Josep Ramon Bosch.

SCC también anuncia un plan para aumentar su número de socios (aspira a duplicarlos en 2020). Pero el número de afiliados a la organización es extremadamente bajo (hay quien habla de tan solo 60 socios a finales de 2018, pese a los grandes recursos de que ha dispuesto).

El plan estratégico de SCC tiende, ahora, a desmarcarse de los sectores más ultraderechistas y a atraer el catalanismo no independentista a través de "un discurso en catalán a favor de una Catalunya fuerte dentro de una España unida en su diversidad". Incluso espera captar a los "centenares de miles de catalanes que se han creído el relato de la independencia y se encuentran frustrados". Por eso plantea reivindicar la bandera catalana "como símbolo de unión entre los catalanes".

En el plazo más inmediato, la entidad tiene previsto volcarse en el ciclo electoral de la primavera -elecciones generales del 28 de abril y municipales y europeas del 26 de mayo- para movilizar el voto "constitucionalista", aunque SCC no ha tenido ningún problema en desfilar junto a Vox.

Societat Civil Catalana también ha firmado un acuerdo con la Asociación de Exdiputados y de Exsenadores Españoles para combatir el relato independentista y "en defensa de los valores constitucionales". Entre otras propuestas está una especie de programa Erasmus que lleve a los alumnos de secundaria y bachillerato a estudiar a diferentes lugares del Estado a través de sistemas de intercambio.