El soberanismo se ha vuelto a reunir este lunes a las puertas del Tribunal Supremo para protestar contra el procesamiento de la anterior Mesa del Parlament por delito de desobediencia, que el juez Pablo Llarena les dará a conocer a lo largo de la mañana. La comitiva ha denunciado la judicialización del proceso, y en concreto, la causa contra Anna Simó, Lluís Guinó, Lluís Corominas, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet –que comparece por videoconferencia– por "permitir un debate", en alusión al de las leyes de desconexión de los días 6 y 7 de septiembre.

El propio Nuet, diputado de Catalunya Sí que es Pot en la anterior legislatura, ha afirmado que los exmiembros del órgano político "obedecieron el mandato democrático". "Podemos haber cometido errores, en política se cometen errores y a veces se pagan o no, pero de ninguna de las maneras un error que se puede haber cometido puede comportar penas de prisión, es una persecución" ha aseverado, en alusión a lo que él afirma que fue su papel de llevar un "debate político punzante" de la sociedad, a la Cámara, que no sería "un crimen, ni un delito".

El líder de Catalunya en Comú y secretario general de Podem Catalunya, Xavier Domènech, ha lamentado que "tramitar debates nunca puede ser punible", en alusión a lo que considera una "judicialización de la política absolutamente intolerable". Así y todo, ha criticado al independentismo por "abdicar de sus responsabilidades", puesto que de la reunión de este fin de semana en Berlín con los diputados de JxCat tampoco salió candidato a la investidura. "Que decida una sola persona por el conjunto del país me parece grave", ha afirmado sobre Carles Puigdemont y la posibilidades de elecciones.

En una línea similar, en alusión a la Mesa, se ha pronunciado Senserrich, quien ha considerado que "se les acusa de haber desobedecido cuando lo que hicieron es permitir un debate político". Estaba acompañada de los representantes del PDeCAT, Marta Pascal, Antoni Postius, David Bonvehí, Ferran Bel, y diputados de JxCat, como el vicepresidente segundo, Eusebi Campdepadrós, quien sobre la posibilidad de que el TC tumbe la ley de Presidencia para investir a Puigdemont a distancia ha repondido que "manosear a los tribunales es contrario a la separación de poderes".

Del mismo modo se ha pronunciado la republicana Esther Capella, diputada en el Congreso, quien ha dicho que el procesamiento "vulnera uno de los derechos básicos y fundamentales", como la inviolabilidad de los miembros del Parlament. Por eso, Capella cree que dentro de la Cámara catalana no sería punible "expresarse libremente, presentar iniciativas y votarlas", ha lamentado sobre el "control permanente de los tribunales y de la administración de Justicia". "Con la reforma del TC se dio competencias para ejecutar sus resoluciones", ha recordado al respecto.