Conclusiones contundentes. El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha presentado este miércoles los resultados de la investigación que inició el 20 de abril, sólo dos días después de que se destapara el caso del espionaje a una sesentena de personalidades vinculadas al movimiento independentistas. El llamado CatalanGate afecta decenas de políticos, abogados y activistas, y hasta ahora no ha recibido ninguna explicación clara ni ha sido resuelta por parte del Gobierno. De hecho, todo lo contrario: la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente Pedro Sánchez solo han optado para justificar el espionaje sin asumir en ningún momento las responsabilidades.
Pero hoy, con el informe titulado Cas Pegasus: vulneraciones de los derechos a la intimidad, la defensa y otros derechos, ha quedado claro que el CatalanGate no puede darse por cerrado. Y es que las conclusiones han sido absolutamente contundentes. Según ha explicado Rafael Ribó, con la limitada información de que se dispone, "es indudable que se ha atentado contra los derechos fundamentales" de las víctimas.
El Síndic diferencia entre dos grupos de esta sesentena de espiados. Y es que sólo diez días después de la irrupción del caso, se destapó que el Gobierno había autorizado el Centro Nacional de Inteligencia a intervenir el teléfono de 18 de estas personas con el objetivo de sacar información sobre Tsunami Democràtic con autorización del Tribunal Supremo. Así, para estos, a pesar de respetarse la legalidad, se pone de manifiesto que se vulneraron derechos básicos. Pero para el resto de personas, sin ningún mandato judicial, "ni se ha respetado la legalidad ni las prescripciones legales". "En la cuarentena restante, la injerencia ha atentado derechos fundamentales sin restricción ni control", ha alertado Ribó. En concreto, subraya que no se ha respetado la intimidad personal, familiar y profesional; el derecho de defensa; el derecho de confidencialidad entre cliente y abogado; el derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos por ellos mismos; y el derecho a un juez predeterminado por la ley.
"Hace falta una reparación de los poderes públicos implicados"
Como respuesta al caso, el Síndic ha subrayado cuál tiene que ser la solución, que es múltiple. Por una parte, es necesaria "una reparación por parte de los poderes públicos implicados", ya que no existe ningún amparo al espionaje, "ni siquiera con autorización judicial", el acceso a toda la información de los terminales móviles inteligentes. En esta línea, también ha exigido una reforma "urgente" de la Ley de secretos oficiales, que fecha de la época del franquismo, un reclamo que ya se ha sentido en varias ocasiones.
Más allá, apuesta por establecer un sistema público y colegiado de autorización y de control judiciales respecto de las observaciones de las comunicaciones que se pidan legalmente para que haya "una transparencia absoluta"; para fijar un límite temporal al espionaje permitido; que se dé traslado del expediente a las personas interesadas una vez finalice la actuación de observación; y que queden excluidas de investigación los miembros políticos, sindicales y las asociaciones legales.