El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado tres actuaciones de su ejecutivo en respuesta a las demandas de sus socios por el escándalo del CatalanGate. Se trata, en primer lugar, de la redacción de una nueva Ley de secretos oficiales que llegará al Congreso durante el próximo periodo de sesiones –a partir de septiembre- y que sustituirá la de 1968, vigente hasta ahora. También una nueva Ley del CNI para superar la del 2002 que aumentará los controles judiciales e internos de los servicios secretos en la línea de lo que pide el PNV, y en tercer lugar la desclasificación de la documentación sobre el espionaje a líderes independentistas, pero no de mutuo propio, sino únicamente si lo pide la Audiencia Nacional. Precisamente las dos nuevas leyes anunciadas por el presidente del ejecutivo se quieren pactar con el PP, según asegura este viernes El País.

Fondos del Gobierno han indicado al citado diario que las dos leyes tienen que contar con el apoyo del principal partido de la oposición (el PP). El ejecutivo está dispuesto a buscar el máximo apoyo posible en el Congreso pero los de la derecha serán su prioridad. Estas fuentes dicen que "no se entendería acordar esta ley sólo con los socios de coalición o investidura". Un acuerdo de este estilo con el PP será complicado y el Gobierno es consciente ya que todavía no han sido capaces de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sin embargo, no renuncian a intentarlo.

Explicaciones casi nulas

Sánchez hizo estos anuncios durante su comparecencia en el Congreso a petición de ERC, Junts y Bildu para rendir cuentas sobre el conocimiento y las medidas que piensa adoptar en respuesta al caso de espionaje a líderes y activistas independentistas descubierto por Citizen Lab. Hasta ayer, fruto de este escándalo, el ejecutivo se limitó a ofrecer una comparecencia de la directora del CNI en la comisión de secretos oficiales, a redactar un informe por parte del Defensor del Pueblo y –fruto del descubrimiento de las escuchas en los miembros del gobierno con el sistema Pegasus- destituyó a la directora del CNI, Paz Esteban.

Este jueves Sánchez quiso justificar que su gobierno situara el independentismo en la Directiva de Seguridad, recordando que entre 2015 y 2017, con la DUI, y los "sabotajes" y protestas del 2019 "la crisis fue fuerte y provocó una enorme preocupación sobre la seguridad nacional", pero aseguró que el gobierno "no conocía las decisiones operativas de los servicios de inteligencia", es decir, el espionaje a Pere Aragonès y los líderes independentistas. Además, el presidente español afirmó que a pesar de los contactos de líderes independentistas con Rusia y las "dudas razonables" sobre el informe de Citizen Lab, su gobierno ha actuado "con empatía" y "transparencia" ante el caso de espionaje. Justificó el cese de la directora del CNI por "el error de seguridad" que implica el espionaje a los móviles del Gobierno, y reivindicó la "transparencia" con que ha actuado su gobierno a la hora de poner el caso a disposición de la justicia y comunicarlo a los ciudadanos.

Las nuevas leyes

La modificación de la Ley de secretos oficiales tiene como objetivo recortar los plazos para la desclasificación de documentos. Va en la línea de la petición que el PNV ya registró en el 2020 y que hasta ahora el ejecutivo español se había resistido a contemplar. Permitirá que los documentos secretos queden desclasificados a los 25 años, mientras que los documentos con carácter de reservados podrán consultarse a partir de 10 años. Por su parte, la reforma de la Ley del CNI va en la línea de la proposición de Ley que el PNV presentó el 17 de mayo que planteaba que los servicios secretos tengan que actuar con un control reforzado. Hasta ahora para hacer escuchas sólo requieren la autorización de un juez del Supremo, que desde el 2014 es el magistrado Pablo Lucas. Los nacionalistas vascos proponen que a partir de ahora sean tres jueces y que cualquier autorización requiera unanimidad. También reclaman un segundo control judicial en caso de que los servicios secretos pidan una prórroga de las escuchas.