El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que Oriol Junqueras era eurodiputado y por lo tanto tenía inmunidad desde la proclamación de resultados. El mismo tribunal está revisando los casos de los también eurodiputados electos Carles Puigdemont y Toni Comín mientras la Eurocámara ya les ha dado una acreditación provisional. Ante estos reveses a la justicia española, de la oficina del Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior no ha salido nada. El exministro Josep Borrell, comentarista recurrente de la situación judicial de los presos políticos y exiliados, está en un silencio absoluto desde hace más de 24 horas. Han hablado más desde el PSOE, en negociaciones con ERC, que él.

Este miércoles, antes de que se conociera la decisión de Luxemburgo, ya adelantó que no comentaría más las resoluciones judiciales y que se limitaría a respetarlas. Optó por el silencio después de una nueva polémica comparando a Puigdemont y Comín con una terrorista de ETA a quien Bélgica no extradita. "Yo no he cuestionado para nada la independencia de ningún sistema judicial", defendió horas más tarde. "Todos tienen mi respeto y cualesquiera que sean las resoluciones que dicten hará falta aceptarlas y abstenerse de comentarlas, desde luego desde mi función de vicepresidente de la Comisión Europea" concluyó.

A pesar de que no mucho más, desde Ferraz y La Moncloa sí que han hablado, para pedir a ERC que no se levante de la mesa de negociación y dar a entender que la Abogacía del Estado jugará un papel a favor de los intereses de Oriol Junqueras para "hacer cumplir" la sentencia de Luxemburgo. Según Carmen Calvo, "la Abogacía del Estado la está estudiando detenidamente y de forma concienzuda para fijar la posición y cómo poder ayudar de laa mejor manera al Tribunal Supremo a cumplirla".

La Moncloa también emitió un comunicado en unos términos muy similares. "El gobierno respeta y acata las resoluciones de los tribunales españoles, así como de los supranacionales, a cuya jurisdicción se somete en virtud de los tratados internacionales firmados por España", empezaba el documento de ocho puntos. El ejecutivo de Sánchez también subrayaba que "la Abogacía del Estado está estudiando con el debido detenimiento la sentencia y presentará su escrito en los próximos días". Y concluía idénticamente a Calvo: "El gobierno, en el ámbito político, se ratifica en la necesidad de abrir una nueva etapa de diálogo, negociación y acuerdo entre todos los actores políticos, desde el respeto a las legítimas diferencias, en el marco de nuestro Estado social y democrático de derecho".

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