Negociaciones de última hora para intentar salvar las medidas para hacer frente a la sequía. El principal frente de conflicto del Govern con la oposición era el régimen sancionador, que llevó a aprobar por los pelos el decreto y hacer fracasar la cumbre del agua convocada por el president Pere Aragonès. En estos momentos, Esquerra Republicana mantiene conversas tanto con el PSC como con Junts para Catalunya —y quieren ampliarlas en los comunes— para intentar llegar a un consenso. La propuesta que ponen encima de la mesa: posponer las sanciones a los ayuntamientos incumplidores hasta que no se convoque la línea de ayudas para las obras. Justamente la semana que viene el pleno del Parlament votará una proposición de ley de los juntaires para hacer una moratoria de las multas hasta el 1 de julio, que supondría un giro respecto del decreto aprobado.
Los republicanos han puesto en marcha los contactos para evitar que las medidas de mínimos descarrilen. Unas conversaciones que siguen, con intercambios de documentos, para intentar "construir un marco de acuerdo que la excepcionalidad nos pide". Por eso la portavoz nacional Marta Vilalta ha instado a todos los partidos a "rehuir actitudes electoralistas y desencallar posiciones enrocadas". La dirigente republicana ha insistido en que el momento "requiere la máxima corresponsabilidad de todo el mundo".
A pesar de la discreción de las negociaciones, fuentes republicanas explican la propuesta que han puesto encima de la mesa: esperar a aplicar las sanciones hasta la convocatoria de la línea de ayudas específicas para los ayuntamientos. Según Marta Vilalta, esta podría ser la "solución" para un acuerdo global. Para la formación que integra el Govern, es imprescindible que tanto las subvenciones para las obras (para evitar el despilfarro de agua) y una "aplicación efectiva" del régimen sancionador "vayan al mismo tiempo, en paralelo". La portavoz de ERC ha subrayado que estas multas "son disuasivas, no persecutorias".
Marta Vilalta no se ha ahorrado las críticas contra el Gobierno por su gestión de la sequía. Ha cargado especialmente contra la Cuenca Hidrográfica del Ebro, por cerrar el canal del Urgell de un día para otro "sin planificación ni medidas previas". Lo ha contrapuesto con la actitud proactiva del Gobierno de Catalunya,
¿Qué dice el PSC?
Hasta ahora, los socialistas han defendido aplazar las sanciones hasta el mes de septiembre. Este mismo jueves, en rueda de prensa en el Parlamento, la portavoz Alícia Romero ha acusado al Govern de Aragonès de "cargar" nuevamente las responsabilidades en los municipios. En la misma línea se ha pronunciado la diputada Sílvia Paneque: "Las sanciones pueden recaudar dinero, pero no litros de agua. Nos alejamos de la disputa entre fechas, el objetivo es dar a los ayuntamientos la posibilidad de mejorar su red".