Jueves a las 12h. El tribunal del TSJC ha comunicado a la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, que la cita este jueves a las 12 del mediodía para comunicarle la sentencia por el caso de la Institució de las Lletres Catalanes (ILC). En el juicio, la Fiscalía mantuvo la petición de 6 años de prisión y 21 de inhabilitación a cargo público para la presidenta de Junts. La fiscal Teresa Duerto aseguró que Laura Borràs es autora de un delito de prevaricación en concurso con falsedad documental por haber adjudicado 18 contratos menores al informático Isaías Herrero, cuando era directriz de la Institució de las Lletres Catalanes (ILC) entre los años 2013 en el 2017 y por|para un total de unos 335.000 euros.
Por el contrario, la fiscal rebajó la petición de castigo en Herrero de 6 a 2 años de prisión, 5 años y cuatro meses de inhabilitación y multa de 2.100 euros por los delitos de falsedad documental y prevaricación. Y, a su amigo Andreu Pujol, de 3 años a 1 año y dos meses de prisión.
El TSJC ha comunicado este jueves la citación a los tres acusados y a sus procuradores. El presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos, es el ponente de la resolución; es decir, quién la ha redactado. Los otros dos magistrados del tribunal son Fernando Lacaba y María Jesús Manzano.
Critica a los otros acusados
En el juicio, que finalizó el 1 de marzo, Laura Borràs denunció que ha padecido una persecución política y se defendió ante el TSJC de las acusaciones contra ella por un supuesto fraccionamiento de contratos a la Institución de las Letras Catalanas (ILC) durante el periodo en que fue directora. Cargó sin tapujos contra el testigo de la funcionaria de la ILC Assumpta Pagespetit, que aseguró que lo había advertido repetidamente de irregularidades en la contratación, y apuntó contra las defensas de los otros dos acusados, Isaías Herrero y Andreu Pujol, a quien reclamó un peritaje que acordaron hacer conjuntamente y por el cual pagó 1.800 euros.
Borràs acusó Herrero y Pujol de haber acordado con la Fiscalía una rebaja de su condena, a cambio de acusarla. Precisamente, su abogado, Gonzalo Boye, pidió al Colegio de la Abogacia de Barcelona poder levantar el secreto profesional y que los abogados de los otros dos acusados, Marina Roig i Àlex Solà, sean sancionados. Los tres letrados encargaron un informe para tumbar la acusación de malversación, pero al final no lo presentaron como prueba porque la Fiscalía retiró la acusación por este delito.
En la vista, Boye exigió la absolución de la presidenta Borràs y denunció la vulneración de sus derechos, además de pedir la expulsión como prueba de los correos electrónicos entre ella y Herrero porque los "Mossos los recogieron sin aval judicial".