Con contundencia, sin disimular la ira que le han provocado algunos testigos, y de manera sistemática. Laura Borràs se ha defendido esta tarde ante el TSJC de las acusaciones contra ella por un supuesto fraccionamiento de contratos en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) durante el periodo en que fue directora. Ha cargado sin ambages contra el testigo de la funcionaria de la ILC Assumpta Pagespetit, que el miércoles aseguró que la había advertido repetidamente de irregularidades en la contratación, y ha apuntado contra las defensas de los otros dos acusados, Isaías Herrero y Andreu Pujol, a quien ha reclamado un peritaje que acordaron hacer conjuntamente y por el cual pagó 1.800 euros.
Aunque la presidenta suspendida del Parlament y presidenta de Junts se ha negado a responder a la fiscalía ni al resto de defensas, y únicamente ha contestado a las preguntas de su abogada, Isabel Elbal, la declaración ha durado casi dos horas. De hecho, se ha entusiasmado tanto respondiendo a la letrada que el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, ha tenido que llamarle la atención para que dirigiera sus respuestas al tribunal y no a su defensa.
Testigo clave
Borràs ha atribuido en todo momento a Pagespetit, a la cual ha descrito como "una funcionaria con mucha experiencia, minuciosa, inflexible y exigente", la responsabilidad de la correcta elaboración de los contratos para renovar la web de la ILC; ha dejado caer en repetidas ocasiones que esta funcionaria tenía la pretensión de equipar su trabajo a la de gerente, "más allá de las tareas administrativas"; y ha asegurado que "siempre" siguió las indicaciones que le daba y que nunca le advirtió sobre incumplimientos o irregularidades. "Créanme: un expediente que pasa por manos de Pagespetit es un expediente de diez", ha remachado, expresando una valoración que ha hecho extensiva al funcionario que la sustituyó durante una larga baja, Roger Espar, que también ha comparecido como testigo.
¿Y a qué atribuye la declaración del miércoles de la funcionaria?, le ha preguntado su abogada. "Entiendo que estar sometida a un proceso judicial, con declaraciones e interrogatorios, es una situación incómoda y cada uno responde a esta circunstancia como puede. Entiendo que se quisiera sacar la responsabilidad del encima, pero era una persona muy responsable", ha remachado Borràs atribuyendo, con un juego de palabras, las declaraciones de la funcionaria al intento de autoexculparse.
Desactivar el testimonio de la funcionaria de la ILC ha requerido casi la mitad de su declaración, después de la cual ha sacado una botella de agua de una gran bolsa que había depositado en el suelo y ha bebido un trago antes de continuar.
Peritaje fantasma
El siguiente objetivo ha sido la defensa de Isaías Herrero, que dirige Marina Roig. Borràs ha denunciado que pidió de manera colegiada con el resto de acusaciones un peritaje para demostrar que se habían hecho los trabajos de Isaías Herrero, que eran trabajos diferentes y no unidades funcionales fraccionadas, y que se habían pagado a precios competitivos. Ha detallado que se reunió con los abogados del resto de acusados y con los responsables del estudio; que su marido pagó 1.815 euros a través de la cuenta familiar por este peritaje, pero que a la hora de la verdad este trabajo no se aportó al juicio.
Mientras hablaba, Borràs ha metido de nuevo la mano en la bolsa y con un rápido movimiento ha puesto encima de la mesa las 700 páginas con el borrador de la pericial que ha denunciado que había pagado pero no ha recibido. Barrientos ha ordenado que lo retirara, y la pila de hojas ha vuelto a la bolsa. Elbal ha reclamado que el informe se incorpore a la causa, pero el juez ha advertido que este no es el momento procesal para presentar esta prueba. La defensa ha replicado que solo dispusieron de tres días para reaccionar delante de lo que ha descrito como un pacto secreto del resto de acusados con la fiscalía.
La defensa de Isaías Herrero no ha tenido oportunidad de interrogar a Borràs para replicar sus reproches. No obstante, la abogada Marina Roig ha querido dejar testigo de sus cuestiones. Ha preguntado a Borràs, sabiendo que no tendría respuesta, si era consciente de que el informe no se había finalizado, que no se había acabado porque la fiscalía no mantuvo la acusación de malversación; y le ha preguntado si es consciente que este estudio se basa en correos impugnados por la defensa.