Casi dos meses después de la entrada en vigor del artículo 155 de la Constitución, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, volvía este lunes al Senado para reafirmarse en la decisión de destituir al Govern, así como la toma de control de las conselleries y la convocatoria de elecciones el 21-D. Santamaría ratificaba que fue lo "conveniente y acertado", frente al "engaño masivo" del proceso soberanista, que consideraba evidente tras la publicación de la agenda de un asesor de la Generalitat, así como mediante la información obtenida a lo largo de las semanas de intervención del autogobierno catalán.

La vicepresidenta ha denunciado que el Govern era conocedor de que el proceso no triunfaría, y aun así habría seguido adelante provocando consecuencias que pasaban por dinamitar la "confianza" de los inversores, "romper" la convivencia y asumir un poder "sin límites y sin control", a través de ejercer un uso "sectario" del Parlamento con la aprobación de "esperpentos", en alusión a las leyes de desconexión. "La independencia no traería más prosperidad, sino colas de bancos y empresas para salir de la incertidumbre", ha lamentado sobre la situación económica.

Santamaría ha justificado las duras palabras después de que se hiciera público un dietario que la Guardia Civil atribuyó al exsecretario general de Economía, Josep Maria Jové, donde se retrataban varias disputas y conversaciones entre dirigentes de ERC y PDeCAT, los pasos legales a seguir, así como la estrategia de forzar al Estado a la negociación. Por eso, ha hablado del "fanatismo cuasi religioso" y un "fake en toda regla". "Las posverdades no solamente viajaban por la red, también en coche oficial", ha lamentado, antes de añadir que "la mayor parte de las estructuras de Estado solo eran anotaciones en una agenda", ha dicho.

En consecuencia, la número dos de Mariano Rajoy ha justificado la serie de decisiones que se habían tomado a lo largo de las semanas de intervención.

En primer lugar ha expuesto que la destitución del antiguo mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, así como la sustitución del secretario general de Interior, se hizo en tanto que la seguridad requería de una atención "especial y específica", ya que la policía tenía que velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos. Ha matizado que los nuevos nombramientos buscaban a profesionales de la misma administración catalana "comprometidos con el trabajo y la ley".

En segundo término Santamaría ha denunciado que el Govern destituido hubiera tratado la financiación como "la caja del proceso", lo que habría llevado a la supresión del Diplocat. "Financiaron a veinte entes públicos para alimentar el discurso independentista", que ha calificado de "sedes de marketing" y "una red de autobombo", que se dedicaba "a aparentar la construcción de un Estado". Si bien, la vicepresidenta se ha burlado afirmando que el dinero no hubiera servido para conseguir apoyos internacionales, pues tras la DUI ningún país anunció un reconocimiento explícito.

En tercer lugar ha justificado que se hubiera desarbolado a la hacienda catalana porque se pretendía acceder a datos de los catalanes y no sería legítimo dentro del marco del autogobierno.

Finalmente ha justificado que el retorno de los bienes de Sijena respondía a un cumplimiento de la resolución judicial.

La vicepresidenta ha relatado luego los más de cien acuerdos que se habrían aprobado en Consejo de Ministros a lo largo de estas nueve semanas. A su parecer, era la diferencia con la acción de los consellers, que estaban en "modo proceso" porque se habría producido una reducción del 28% en legislación sobre educación, un 26% en sanidad y un 30% en servicios sociales en las semanas previas al referéndum. En contraposición, el Gobierno habría impulsado acuerdos para convocar plazas de profesores, ofrecido apoyo económico a las universidades, tramitado de urgencia la renta para personas vulnerables y el plan de reindustrialización de Flix.