El revés del Consejo de Estado, que no ve base legal para impugnar la reprobación del Rey por parte del Parlamento, no es obstáculo para el gobierno español. El ejecutivo impugnará de todos modos la resolución de la cámara catalana ante el Tribunal Constitucional, al considerar que el dictamen "no es vinculante". Así lo ha anunciado la portavoz, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que este viernes se ha celebrado excepcionalmente en Sevilla.

En su dictamen, el máximo órgano consultivo ha señalado que no hay base para presentar un recurso de inconstitucionalidad porque se trata de una declaración "política", y el Parlament tiene "capacidad para expresar su disconformidad" respecto de la actuación de Felipe VI. El debate parlamentario, sostienen, "no está sujeto a límites materiales que impidan manifestar opiniones contrarias a la Constitución".

Los argumentos, sin embargo, no han convencido al gobierno de Pedro Sánchez. "Agradecemos y respetamos su dictamen, pero no compartimos sus argumentos jurídicos", ha justificado Isabel Celaá, que ha defendido que sí que hay una posible inconstitucionalidad. Según el ejecutivo español, la resolución presentada por los comunes "degrada la forma política del Estado español y los principios democráticos de la Constitución".

En este sentido, la portavoz española ha tildado el texto de "falta de respeto injustificada" al jefe del Estado, y ha visto un "nuevo intento de iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética república". Ha sostenido que "no es admisible desde el punto de vista político ni jurídico la abolición de la monarquía".

Ni Fiscalía ni abogacía del Estado

Preguntada por los periodistas, Isabel Celaá ha reiterado que desde el gobierno español no se hará ningún gesto respecto de los presos políticos. "El gobierno no da instrucciones ni a la Fiscalía ni a la abogacía del Estado", ha dejado claro. "El gobierno se mantiene absolutamente imparcial, seguimos a la espera de las calificaciones", ha insistido.

Por otra parte, la portavoz española también ha querido dejar claro que no está sobre su mesa la modificación del delito de rebelión, y ha echado pelotas fuera sobre las palabras de Pedro Sánchez, que insinuaba que sólo puede haber delito de rebelión con militares o civiles armados. En todo caso, ha querido desmentir que sea un "gesto" hacia los independentistas. "No tenemos ninguna necesidad", ha dicho.

Relación con Casado

Con respecto a las relaciones con el presidente del PP, Pablo Casado, Celaá ha defendido la necesidad de que colaboren los dos partidos para hacer una política de Estado. "La mejor forma de reconducir es discrepar con respeto", ha asegurado. "Lo que no se puede es estar en la constante crispación y el insulto", ha añadido.

Finalmente, después de haber celebrado la reunión del Consejo de Ministros en Sevilla, la portavoz del gobierno español ha reiterado que, antes de acabar el año, se celebrará en Barcelona. "No puedo aclarar todavía si el presidente Sánchez mantendrá una reunión con el president Torra", ha puntualizado.