Nuevo recurso de inconstitucionalidad del Gobierno. En este caso, contra la ley catalana de protección y ordenación del litoral, aprobada curiosamente con los votos a favor del PSC en el Parlament de Catalunya. Después de mantener conversaciones con la Generalitat, desde La Moncloa consideran que invade competencias que son exclusivas del Estado y, también, que traspasa a los ayuntamientos competencias que según el Estatuto corresponden a la Generalitat. La portavoz María Jesús Montero ha subrayado que el recurso llega después de no resolver las desavenencias en la comisión bilateral. El ejecutivo ha pedido la suspensión temporal de los dos preceptos impugnados una vez se admita a trámite el recurso.

La norma fue aprobada en julio del año pasado por el Parlament de Catalunya sin ningún voto en contra. Recibió 108 votos a favor, los de Junts per Catalunya, ERC, Ciudadanos y el PSC. Por su parte, los comunes, la CUP y el PP se abstuvieron. El diputado socialista Jordi Terrades instó al conseller Damià Calvet a su rápida implementación.

Ahora el Gobierno ha decidido impugnar dos artículos de la ley, el 20.1.b y el 30.d. Los dos preceptos establecen que corresponde a los ayuntamientos "el otorgamiento de las autorizaciones para el resto de actividades previstas por el plan de uso del litoral y de las playas". En el recurso aprobado hoy por el Consejo de Ministros, apelan al artículo 132.2 de la Constitución española, que estipula las plenas competencias del Estado sobre el dominio marítimo-terrestre, y por lo tanto es quien puede regular y establecer la legislación básica en materia de protección del medio ambiente litoral. El recurso también hace referencia a las competencias de la Generalitat, que según el Estatuto son ejecutivos sobre el dominio público marítimo-terrestre de titularidad estatal, entre ellas el otorgamiento de concesiones y autorizaciones, incluso las de obra fija al mar.

"No ha sido posible el acuerdo a la comisión bilateral", ha lamentado María Jesús Montero en la rueda de prensa.
Por eso, ha añadido la ministra portavoz, "todo nos lleva a la conclusión de que concurren los requisitos formales para presentar recurso". Este recurso de inconstitucionalidad se ha tramitado con el dictamen positivo del Consejo de Estado.