El ejecutivo de Pedro Sánchez ha salido en defensa del espacio Schengen de libre circulación de mercancías y personas con la Unión Europea, así como del sistema de euroórdenes, el día posterior a que el tribunal de Schleswig-Holstein se negara a extraditar a Carles Puigdemont por el delito de rebelión, y sólo autorizara al Tribunal Supremo a procesarlo por malversación, tras la entrega.
"El Gobierno no comparte la duda sobre la eficacia de las euroórdenes. Defendemos Schengen en todos los sentidos, sobre todo de personas y bienes", ha dicho la ministra de Educación y portavoz gubernamental Isabel Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes. "Poner en cuestión Schengen es alinearse con algunas posiciones europeas que nosotros no compartimos, pues afecta a millones de personas y jóvenes", ha zanjado, en alusión del euroescepticismo de algunas formaciones populistas europeas que cuestionan dichos acuerdos.
El hecho es que estas palabras llegan después de que el Partido Popular y Ciudadanos criticaran duramente la decisión de la justicia alemana. Tanto el candidato a presidir el PP, Pablo Casado, como el diputado de Cs en el Congreso Juan Carlos Girauta llegaron a dudar de este tratado europeo para la circulación de personas. Su molestia era porque de este modo, el Supremo no podrá juzgar al anterior president de la Generalitat por el mismo delito que al resto de anteriores consellers del Govern: la rebelión, en el marco del caso del 1-O.