Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull están estudiando presentar una querella por prevaricación contra el presidente de la Sala Segunda penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, por el retraso al resolver los recursos contra la suspensión del tercer grado penitenciario y del artículo 100.2 acordado el julio pasado. Los tres consideran que no hay argumentos que justifiquen que el Supremo tarde tanto en tomar una decisión sobre una cuestión que habitualmente se resuelve en dos o tres semanas.

El abogado, Jordi Pina, ha explicado a RAC1 que es indignante que personas que están privadas de su libertad tengan que esperar cuatro meses a que el Alto Tribunal resuelva una cuestión como la aplicación del tercer grado. "Es intolerable", ha afirmado  Pina.

Retraso inexplicable

El Tribunal Supremo espera resolver la semana que viene los recursos presentados por los presos políticos y todo apunta que tumbará el régimen de semilibertad que se les concedió el julio pasado y que se les retiró diez días después a petición de la Fiscalía. Pina no confía en que el tribunal explique el porqué del retraso y es por eso que valorarían presentar la querella por prevaricación. Hasta tres escritos ha presentado el letrado en estos cuatro meses reclamando la resolución de los recursos.

El letrado se ha mostrado convencido que si Sànchez, Turull, Rull y el resto de condenados por el juicio al procés estuvieran ahora disfrutando de algún régimen de libertad, a buen seguro que el tribunal se hubiera apresurado a pronunciarse en contra. Ha puesto como ejemplo el caso de Carme Forcadell, cuando el Tribunal Supremo a duras penas tardó tres semanas en dar respuesta a un recurso de la fiscalía y revocar el permiso para salir de la prisión para trabajar.

La presentación de la querella, ha admitido al letrado, tiene otras derivadas, ya que implicaría la recusación de la sala segunda y se abriría un procés largo.

La retirada

Actualmente, solo Carme Forcadell y Dolors Bassa disfrutan del tercer grado, ya que el juez de vigilancia penitenciario decidió mantenerlo a la espera de la decisión del Supremo. Por el contrario, la jueza de la prisión de Lledoners suspendió el 28 de julio el tercer grado y la aplicación del artículo 100.2 a Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Raül Romeva. Al retirarles el 100.2, los presos dejaron de salir del centro penitenciario para ir a trabajar o a hacer tareas de voluntariado.