Pedro Sánchez llegó a la Moncloa hace dos semanas con el 'pecado original' como bandera: gracias al voto de ERC y PDeCAT en la moción de censura a Mariano Rajoy y promesas de diálogo a la Generalitat. Eso le obligó a un sistema de cheks and balances frente a la opinión pública española, que pasó por colocar de inmediato a un ariete del procés como el ministro Josep Borrell al frente de Exteriores, para hacer callar los rumores de concesiones a Carles Puigdemont. Pero Sánchez empieza ya a tomar distancia y se insinúa que intentará reducir al máximo el rango del diálogo con el president Quim Torra.

La constatación llegaba durante el Consejo de Ministros de este viernes, donde la portavoz Isabel Celáa anunció que Sánchez recibiría a Torra el segundo en la lista de presidentes autonómicos, después del lehendakari vasco Íñigo Urkullu. El protocolo a seguir era el de "la antigüedad con que se presentó el Estatuto de Autonomía de cada comunidad", según Celáa. Es decir, que si el Estatut catalán se hubiera aprobado el decimosexto, Torra sería el decimosexto presidente en ser recibido en la Moncloa.

La reunión, por tanto, huirá del trato bilateral que el Gobierno esperaba, después de que el PSOE asumiera el conflicto catalán como el principal de este mandato.

La estrategia de fondo, sin embargo, es que refugiado en la diplomacia protocolaria, el presidente evitará dar envergadura al encuentro con el homólogo catalán, o cualquier tipo de significado político a una reunión que será "antes del verano", previsiblemente en julio, y que ya preparan a la ministra de Administraciones Territoriales, Meritxell Batet, y la consellera de Presidencia, Elsa Artadi. Eso lo servirá para disipar los constantes ataques de Partido Popular y Ciudadanos, que esta semana vislumbraron ya el conflicto como una oportunidad para ensañarse contra el socialista y liderar la oposición.

El hecho es que un de los objetivos de este diálogo, por el lado del Govern, es relativo a los exconsellers procesados por la causa del 1-O. Aunque las defensas exigen su liberación porque el procedimiento está en fase preventiva, el ejecutivo se prepara para "evaluar" su acercamiento a las prisiones catalanas, tal como Batet afirmó en una entrevista en El Periódico. Eso será posible de aquí dos semanas, una vez Llarena haya concluido su tarea con las diligencias procedimentales, donde la potestad de acercarlos pasará a instituciones penitenciarias. Es decir, de Interior, pese a que el Ejecutivo no tiene un posicionamiento marcado. 

Al PSOE, sin embargo, no se le escapa la polémica que todo lo relativo al juicio del 1-O podría suscitar a la derecha del constitucionalismo. Cuando todavía era secretario general, Sánchez lanzó precisamente una ofensiva para proyectarse en toda España, que pasaba por endurecer la estrategia contra el procés. Por ejemplo, pedía reformar el delito de rebelión en el Código Penal. Además, se proponía una reforma legal para que los cargos públicos "acaten la Constitución" cuando tomen posesión, lo que no hicieron ni Torra ni Puigdemont.

La estrategia, sin embargo, hacía días se gestaba: el líder socialista fue pionero al lanzar una gira internacional para colocar el relato contra el proceso en el extranjero, rematada con la carta enviada por PSOE y PSC a los colegas europeos para criticar al actual presidente catalán. Es el mismo legado que está llamado a recuperar al ministro Borrell, cuando quedan pocos días para que se resuelva finalmente si Alemania extraditará Puigdemont. También, ahora que el Govern ha acordado interrumpir la liquidación del Diplocat, suspendido con el 155, y que Exteriores reconozca que no se puede prohibir dicho ente.

La cuestión es que la propia Celáa tiraba pelotas fuera de este viernes sobre cómo reaccionaría la Moncloa ante la recuperación de esa red de diplomacia soft que pertenece a la Generalitat. La ministra portavoz ha asegurado que el Ejecutivo disponía de elementos para conocer cuál estaba siendo la actividad del Diplocat –es decir, si seguía internacionalizando el procés. Eso sí, Celáa reconocía que las oficinas exteriores son legales por mandato constitucional y estatutario, y disponen de ellas una mayoría de autonomías.

El gesto contrasta con la política del gobierno de Rajoy, que ya habría puesto la lupa sobre un ente que aprobaron suprimir, después de las múltiples quejas de Cs. Los pesos y contrapesos, de hecho, suponen la hasta ahora tónica del gobierno socialista, que la semana anterior vendió como concesión que se levantaran los controles financieros a las cuentas catalanas, algo que ya decaía de facto con el nuevo Govern efectivo. Por el lado de las acciones, falta saber si los rumores de un nuevo Estatut se mantienen, así como retirar la suspensión de las leyes sociales recurridas al TC. Lo que seguro no se abordará es la autodeterminación.