Pedro Sánchez se ha cogido dos días para reflexionar, pero la decisión ya parece del todo tomada: convocar elecciones anticipadas. Sólo falta la fecha, que probablemente dará a conocer el presidente español después del Consejo de Ministros de este viernes. Entre pasillos , sus ministros han reforzado la opción del 28 de abril, un mes antes de las europeas, municipales y autonómicas. En Moncloa ya trabajan en la precampaña, basada en lo que ha hecho y, sobre todo, lo que no ha podido hacer por culpa de la derecha y los independentistas que le han tumbado los presupuestos.

El programa de precampaña está recogido en un documento de la Secretaría de Estado de Comunicación. Si bien el informe no habla del adelanto electoral, la mayoría de medidas que enumera no dependían de la aprobación de los presupuestos del Estado, como iniciativas que están en tramitación del Congreso de Diputados. Entre otros, hay la derogación de la ley mordaza o la modificación del voto rogado.

Bajo el epígrafe "lo que no dejan hacer al Gobierno quienes han rechazado los PGE", la Moncloa asegura que "perdemos compromiso con la agenda feminista", porque "no se llevará a cabo la reforma del Código Penal para considerar violación las agresiones sexuales con penetración" o "decae la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista para garantizar la igualdad en numerosos ámbitos".

Por otra parte, el Gobierno sostiene que "no le dejan avanzar en la regeneración democrática y el Estado autonómico". Entre otras iniciativas, destaca el "adiós a la reforma para suprimir determinados aforamientos", que "el Congreso no podrá derogar la Ley Mordaza" o que no se podrá legislar sobre "el derecho a la muerte digna".

 

Defensa de ocho meses

"En tan pocos meses, el Consejo de Ministros ha adoptado más de mil medidas que han beneficiado a la mayoría de ciudadanos", reza el documento, que parece hacer un balance final de mandato sin decir que lo es. Y destaca algunas medidas estrella, como "la mayor subida del salario mínimo de la historia", la recuperación de la sanidad universal, medidas contra la pobreza energética o el desbloqueo de recursos para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En el ámbito territorial, el Gobierno defiende el "compromiso con la descentralización", y reivindica que han "fortalecido el Estado autonómico que consagra la Constitución con 42 conferencias sectoriales y reactivando las comisiones bilaterales de Aragón, Catalunya, Castilla y León y el País Vasco".

"Seguir trabajando" con decretos

No obstante, a pesar de dar por muerta la actual legislatura, varios ministros de Sánchez se ha comprometido a "seguir trabajando" hasta que lleguen las elecciones, para visualizar esta idea. "Seguiremos trabajando, tenemos tareas pendientes de muchos de los puntos que no pasaban por incorporarse a los presupuestos", decía este miércoles la ministra de Hacienda María Jesús Montero, una vez tumbadas las cuentas públicas. La vía escogida sería el decreto ley, como sobre el subsidio para desocupados mayores de 52 años o uno de nuevo sobre vivienda que fue tumbado por insuficiente.

Después de lanzar la toalla al negociar los presupuestos con los independentistas y de levantarse de la mesa de diálogo con el Govern, el terreno ya está preparado para elecciones. La apuesta es arriesgada en tiempo de alta volatilidad y con el auge de la extrema derecha sin cordones sanitarios, pero Sánchez lo fía todo a la carta de la agenda progresista. Y se va a elecciones habiendo roto la tregua con el soberanismo. Sin las "manos atadas" que argumenta la derecha y la extrema derecha que el domingo se manifestó y que en cinco días ya verá convocadas las elecciones que reclamaban sus 45.000 simpatizantes.