La responsabilidad final, también para dar órdenes a los Mossos d'Esquadra, es de la Junta Electoral Central. Esta es la posición del Gobierno después de que haya expirado el plazo para la retirada de los lazos amarillos de los edificios públicos de la Generalitat. Según informan fuentes de Moncloa, a lo largo de la tarde la delegación del gobierno ha informado del grado de cumplimiento de la instrucción. Pero aquí acaba todo por parte del Gobierno.

"La instrucción que tiene la Delegación del Gobierno es estrictamente esa: informar a la JEC y así lo hará con un escrito y con una serie de fotografías de los edificios públicos más representativos dependientes de la Generalitat", señalan desde el ejecutivo de Sánchez. Eso ha tenido lugar a partir a lo largo de este martes por la tarde. "A partir de este momento, todas las instituciones quedan a disposición de lo que determine la Junta Electoral Central, a la vista de lo que ocurra," añaden.

En este sentido, desde Moncloa subrayan que la JEC es "la exclusivamente competente para dar los siguientes pasos, tanto si decidiera remitir los hechos a la Fiscalía como si ordenara al cuerpo de seguridad competente el cumplimiento de su instrucción de retirar los lazos". Eso sí, desde el Gobierno destacan que "serían los Mossos d'Esquadra los encargados de esta función".

El informe de la delegación del Gobierno

En un escrito, donde adjunta fotografías, la delegación del Gobierno en Catalunya ha reportado la relación de edificios de la Generalitat con simbología vetada por la JEC: el Palau de la Generalitat y las consellerías de Governació, Cultura, Territori, Empresa, Interior, Economia, Agricultura i Salut.

El de Palau se queda

A las dos y media de la tarde expiraba el nuevo plazo que la Junta Electoral Central ha dado al presidente de la Generalitat para que saque de los edificios públicos los lazos amarillos, las pancartas de apoyo a los presos y exiliados y las fotografías de todos ellos que lucen en muchas dependencias del Gobierno. En el caso de los que cuelgan de la fachada del Palau de la Generalitat, la decisión le corresponde al propio president. En ese sentido, Torra ha decidido mantenerlos, como muestra de libertad de expresión. 

En cambio, para no comprometer ni arrastrar a los funcionarios a la desobediencia, Quim Torra opta por dar libertad para que cada conselleria haga lo que considere más adecuado. Rertirarlos o dejarlos. Así se ha acordado a la reunión de gobierno de este martes. La medida responde a la voluntad del president de "proteger a los funcionarios y darles libertad para actuar como ellos crean oportuno si reciben requerimiento por parte de la junta electoral"